El plan secreto de Trump que habilita a empresas privadas a atacar a cibercriminales

El gobierno de Estados Unidos dio un paso inédito: autorizará a compañías privadas seleccionadas a llevar a cabo operaciones cibernéticas ofensivas contra organizaciones criminales extranjeras. La medida, impulsada por un memorando presidencial de Donald Trump, busca combatir el ransomware, el phishing y otras estafas digitales que golpean a ciudadanos y empresas del país.

La decisión llega en un contexto alarmante: durante 2025, el FBI recibió más de un millón de denuncias por delitos informáticos, con pérdidas que superaron los 21.000 millones de dólares. Estos números explican por qué la administración estadounidense decidió cruzar una frontera que antes parecía intocable: la defensa digital privada ya no se limitará a proteger redes propias, sino que podrá pasar al ataque.

¿Qué podrán hacer las empresas?

El memorando de la Casa Blanca establece dos tipos de intervenciones. Las operaciones de vigilancia permitirán a las empresas ingresar sin permiso en los sistemas de una organización investigada, permanecer ocultas y recopilar inteligencia. Esa información podría servir para preparar una acción posterior.

Las operaciones de efectos van más allá: podrán manipular, interrumpir, bloquear, degradar o destruir datos, redes e infraestructura controlada por los delincuentes. En la práctica, una empresa contratada podría inutilizar servidores de estafas, tumbar plataformas criminales o borrar información clave de una banda.

Los blancos serán organizaciones criminales extranjeras que ataquen a Estados Unidos o sus intereses. Sin embargo, quedan excluidos los grupos que formen parte de un Estado o estén dirigidos por un gobierno extranjero, siempre que exista inteligencia clara que lo demuestre. Esta distinción es compleja, ya que muchas redes combinan actividad criminal con apoyo estatal. El memorando incluye un anexo clasificado sobre la selección de objetivos, por lo que parte de los criterios permanecerá en secreto.

¿Quién autoriza los ataques?

El programa será administrado por el Centro Nacional de Coordinación (NCC), con dos codirectores: uno del Departamento de Justicia y otro del Departamento de Seguridad Nacional. Ellos revisarán cada propuesta y deberán dar una aprobación escrita antes de que la compañía actúe.

El circuito es el siguiente: organismos públicos o privados comparten información sobre una amenaza; una empresa admitida presenta una operación; los codirectores evalúan objetivo, método y riesgos; y si aprueban, la compañía ejecuta la acción bajo supervisión federal. Luego, el participante informa los resultados y cualquier desvío del plan.

Las empresas deberán firmar un contrato con el Departamento de Justicia o Seguridad Nacional y superar una evaluación de capacidad técnica, experiencia, seguridad de instalaciones y confiabilidad del personal. Podrán participar tanto grandes compañías como firmas pequeñas especializadas.

Controles para evitar daños colaterales

Si una empresa alcanza por error a un ciudadano estadounidense, un sistema en el país o infraestructura controlada por un estadounidense, deberá detener la actividad, reducir el impacto y notificar de inmediato al NCC y al Departamento de Justicia.

Además, los codirectores no podrán aprobar acciones que puedan causar muertes, lesiones graves o que se consideren uso de la fuerza según el derecho internacional. También deberán recibir alertas si una compañía detecta un ataque inminente contra infraestructura crítica de Estados Unidos.

Estas condiciones dejan claro que la medida no equivale a un hack back generalizado. Las empresas solo podrán actuar dentro de operaciones federales de investigación, protección o inteligencia, respetando la legislación estadounidense y las obligaciones internacionales. El programa, que redefine la ciberseguridad, genera debate sobre los límites entre lo público y lo privado en la defensa digital.