El plan secreto del Gobierno para cazar extranjeros ilegales: así funcionan los nuevos operativos

El Gobierno nacional redobla la apuesta contra la inmigración irregular y desplegó un esquema de control que combina operativos sorpresa, nuevas leyes y tecnología de punta. En la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) aseguran que la estrategia ya está en marcha en todo el país.

La clave está en los operativos territoriales coordinados con las fuerzas federales. Migraciones define las zonas de mayor concentración o tránsito de extranjeros mediante tareas de campo y análisis de datos. Los despliegues pueden ser planificados o surgir a partir de un requerimiento específico, y siempre se ejecutan junto a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Un dato que llama la atención: desde Nación aclaran que los operativos federales no necesitan aviso previo a los gobiernos provinciales. Y ya hay un caso que lo demuestra.

¿Qué pasó en Rosario?

Uno de los procedimientos más grandes hasta ahora se realizó en Rosario, donde Migraciones y la Policía Federal movilizaron cerca de 60 agentes y controlaron a unas 420 personas. El resultado: ocho extranjeros con irregularidades migratorias, entre ellos un ciudadano chino con orden de expulsión pendiente. El gobierno de Santa Fe no había sido informado.

La respuesta posterior varía según el caso. Si la permanencia está vencida o falta un trámite de residencia, Migraciones puede intimar a regularizar la situación. Si se comprueba un ingreso ilegal, avanza el procedimiento que puede terminar en expulsión. Ante causas judiciales, intervienen las fuerzas correspondientes, y si hay un pedido internacional, se activa el circuito judicial.

Todo este esquema tiene ahora un marco legal más amplio que antes de 2025. El DNU 366/2025 facultó a Migraciones a exigir la acreditación de identidad y situación migratoria, y a organizar operativos de inspección. También estableció que quien ingrese por un paso no habilitado puede ser expulsado, y habilitó el rechazo en frontera si el ingreso irregular se detecta en el momento.

Más controles y nuevas herramientas

En junio se creó el Programa de Seguridad Migratoria, mediante la Resolución 551/2026. Ahora Migraciones trabaja coordinadamente con PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA, y cada fuerza tiene sus propias Unidades de Seguridad Migratoria para prevenir, detectar e investigar ilícitos.

Los operativos ya tienen antecedentes en varias provincias. En abril, en Aguaray, Salta, controlaron a 423 personas y detectaron a 15 extranjeros en situación irregular; luego siguieron en Tartagal. En julio, Gendarmería encontró en Misiones a cinco ciudadanos chinos sin registro de ingreso legal, y Migraciones dispuso su salida hacia Brasil.

La reorganización no es solo territorial. Migraciones avanza con el sistema RECOBA, cuya licitación se autorizó en 2023, para centralizar la recaudación de tasas, multas y deudas, y automatizar conciliaciones. Además, en julio se abrió una contratación por 36 meses para gestionar información API y PNR de pasajeros de aeropuertos y cruceros. Esto se suma a SICaM, la plataforma central de control migratorio, que ya cruza datos con Interpol y las compañías de transporte.

También se creó el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que integra a Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El protocolo permite cruzar automáticamente datos de API-PNR, Interpol, SIFCOP y otras fuentes, y generar alertas según el análisis de riesgo.

Qué cambió con los nuevos DNU

El endurecimiento también llega por el lado legal. El DNU 681/2026 incorporó como causal para impedir el ingreso y cancelar residencias que un extranjero haya dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, o participado en ultrajes a los símbolos patrios. Para quienes ya tienen residencia, la cancelación puede derivar en una intimación a abandonar el país o en una expulsión.

La Casa Rosada quiere sumar esa causal al sistema de alertas migratorias, sin crear una plataforma nueva. La idea es que el antecedente quede asociado a la persona y aparezca cuando intente ingresar. Pero todavía falta definir un punto sensible: quién genera la alerta, con qué evidencia se carga y qué instancia la valida, sobre todo por posibles planteos judiciales.

En el Gobierno son conscientes del impacto político. Mientras admiten que la flexibilización de la Ley de Tierras generó costos, creen que el control migratorio responde a una demanda de su base electoral y piensan profundizarlo.