El planteo de Cristina Kirchner ante la ONU que podría obligar a Argentina a cambiar su rumbo judicial

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó su condena en la Causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y sus abogados advirtieron que el Estado argentino deberá acatar la resolución que emita el organismo. En una conferencia de prensa, los letrados Carlos Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim detallaron los puntos clave de la presentación, que incluye medidas cautelares urgentes y denuncias de "proscripción electoral".

La estrategia legal de la titular del Partido Justicialista escaló al plano internacional con una comunicación individual presentada en Ginebra. Según sus abogados, el proceso judicial en Argentina vulneró garantías fundamentales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La exmandataria, sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, busca revertir los efectos de un fallo que califica de "político".

¿Qué pide la defensa ante la ONU?

El planteo se centra en tres medidas cautelares urgentes: la suspensión inmediata de la inhabilitación para postularse a cargos electivos —que calificaron como "proscripción electoral"—; la recomposición de la Corte Suprema de Justicia, cuya actual conformación consideran "una vulneración gravísima a toda la ciudadanía argentina"; y la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta.

El abogado español Javier Borrego describió la situación de Fernández de Kirchner como una "condena brutal y discriminatoria". Detalló que la expresidenta tiene "dos policías permanentemente en la puerta" y una tobillera electrónica que "cada dos por tres no funciona". Además, denunció restricciones severas: "muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar el aire".

"Maniobra de distracción"

Para Borrego, el endurecimiento de estas condiciones busca ocultar el trasfondo político del fallo. Afirmó que "es una maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos". La presentación ante la ONU exige el cese del "trato discriminatorio y degradante", solicitando el retiro del dispositivo electrónico y que las autoridades no responsabilicen a la acusada por manifestaciones de terceros frente a su vivienda.

Desde el punto de vista técnico, la defensa argumenta violaciones al Pacto Internacional. Carlos Beraldi señaló que la Corte Suprema argentina evitó tratar los agravios de fondo, escudándose en formalismos procesales, lo que volvió "escandaloso" el caso. También destacaron la violación del principio ne bis in idem: 49 de las 51 obras públicas cuestionadas ya habían sido archivadas o sobreseídas en investigaciones previas.

Los abogados advirtieron que una decisión de fondo podría demorar años, pero esperan una resolución sobre las medidas cautelares en los próximos meses. Según Valim, "el Estado argentino tiene que cumplir inmediatamente".

La carta de Cristina: "La proscripción perpetua es la pena principal"

En la previa de la conferencia, la exmandataria había difundido una carta abierta titulada El costo democrático de la politización de la justicia. Allí afirmó que la inhabilitación perpetua constituye "la pena principal" y que "la privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria". Sostuvo que en Argentina se agotaron las vías internas y denunció un sesgo de género en su juzgamiento, además de advertir sobre los riesgos del lawfare para la democracia. "Ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular. Muy pronto volveremos a encontrarnos", concluyó.