El plazo vence hoy y el Gobierno sigue sin explicar la tasa que todos pagamos en la luz

El ex diputado Alfredo Marchioli y el ex concejal Fernando Navarro volvieron a la carga contra el Ejecutivo provincial por la Tasa de Ocupación del Espacio Aéreo (TOEA) y hoy vence el plazo de cinco días que la Corte de Justicia le dio al Ministerio de Desarrollo Productivo para responder en la causa. El organismo fue notificado el 18 de septiembre y, hasta ahora, no presentó descargos.

La pulseada judicial gira alrededor de la Resolución 124/2025, que habilitó a EC SAPEM a seguir incluyendo el concepto en las boletas de luz. Esa norma se dictó cuatro meses después de que Marchioli, Navarro y un grupo de usuarios presentaran un amparo contra el cobro.

La pregunta que el Gobierno no responde

Para Marchioli, la secuencia de los hechos deja al descubierto una maniobra: primero se cobró, después se autorizó. "EC SAPEM no pudo justificar por qué nos hace pagar una tasa vinculada a una ocupación que realiza la propia empresa. Y si ya podía cobrarnos esa tasa, ¿por qué el Gobierno tuvo que autorizar el cobro después de que fuimos a la Justicia?", disparó.

El ex legislador fue más allá y apuntó contra el vacío legal que, según él, existía antes de la resolución: "Si recién después apareció una autorización expresa, ¿qué habilitaba el cobro antes? ¿Y qué pasa con todo lo que pagaron los usuarios hasta entonces?".

Responsabilidad directa del Ejecutivo

Los referentes opositores sostienen que la gestión provincial tiene una responsabilidad concreta en el impacto económico que sufren los vecinos. "Acá hay una decisión concreta del Gobierno provincial. Fue el Gobierno el que dictó la resolución que autorizó a EC SAPEM a seguir incluyendo esta tasa en la factura. Por eso también tiene que explicar por qué lo hizo y con qué fundamento", planteó Marchioli.

El reclamo no es nuevo, pero ahora se topa con un límite temporal: si el Ministerio de Desarrollo Productivo no contesta ante la Corte, el expediente podría avanzar sin su versión. Para los impulsores del amparo, la ausencia de respuesta es una señal de que el Gobierno prefiere el silencio antes que justificar el cobro.

"Sube la energía, sube la tasa y paga siempre el vecino, aunque la ocupación del espacio la haga la empresa. Hoy vence el plazo y después de tanto silencio, corresponde que el Gobierno dé una respuesta clara", cerró Marchioli.