El Poder Judicial de Santa Cruz lanza una campaña para adolescentes: qué conductas pueden llevar a un proceso penal

El Poder Judicial de Santa Cruz salió a buscar a los adolescentes con un mensaje directo: desde el próximo sábado 5 de septiembre, las personas de 14 a 17 años podrán ser imputadas y juzgadas bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la Ley Nacional 27.801. La campaña, difundida a través de un video en redes sociales, busca que los jóvenes conozcan las consecuencias legales de ciertas conductas antes de que la norma entre en vigencia.

La iniciativa llega seis meses después de la sanción de la ley, aprobada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su artículo 52 fijó un plazo de 180 días para su implementación, que se cumple el 5 de septiembre. En ese contexto, la Justicia provincial decidió anticiparse y hablarles directamente a los chicos.

Qué cambia desde los 14 años

La modificación central es que el nuevo régimen se aplicará a adolescentes desde los 14 años y hasta que cumplan 18, tomando como referencia la edad que tenían cuando ocurrió el hecho investigado. Hasta ahora regía la Ley 22.278, sancionada en 1980, que establecía otro sistema de responsabilidad penal para menores. La Ley 27.801 la deroga expresamente y crea un esquema específico para adolescentes.

Esto no significa que un chico de 14 años vaya a ser enviado automáticamente a prisión ante cualquier delito. La norma contempla distintas respuestas según la gravedad del hecho y las circunstancias del caso. Cuando el delito tenga prevista una pena de hasta tres años de prisión y se cumplan las condiciones establecidas, la pena privativa de libertad deberá ser reemplazada por alternativas como la amonestación, restricciones de acercamiento, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño causado. También se prevé la mediación penal juvenil para determinados delitos y la suspensión del proceso a prueba bajo condiciones específicas.

El mensaje de la Justicia santacruceña

En el video difundido esta semana, el Poder Judicial provincial buscó hablar directamente a los adolescentes sobre conductas que pueden tener consecuencias legales. "No hablamos solo de robos", advierte el audiovisual, que menciona amenazas realizadas mediante redes sociales, difusión de imágenes sin consentimiento, daños a propiedades y participación en peleas entre los ejemplos que deben ser considerados por los jóvenes.

La Justicia santacruceña resumió el mensaje con una advertencia: "una decisión puede durar unos segundos, pero sus consecuencias pueden acompañarte durante años". La campaña se conoce en momentos en que las provincias también deben prepararse para la aplicación práctica del régimen. La ley invita expresamente a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus normas procesales y administrativas a los derechos y garantías previstos para adolescentes de entre 14 y 17 años.

Qué penas contempla y cuál es el límite

La Ley 27.801 establece que la privación de libertad podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención. La decisión deberá ser fundada judicialmente y el régimen juvenil mantiene reglas distintas de las previstas para personas adultas. La norma prohíbe expresamente aplicar prisión o reclusión perpetua a adolescentes. El máximo de una pena privativa de libertad será de 15 años, incluso cuando por la gravedad o acumulación de delitos la escala prevista para un adulto pudiera resultar superior.

Además, la ley dispone que las sanciones deben estar acompañadas por medidas orientadas a la educación, el trabajo, la comprensión de la gravedad del hecho y la reinserción social del adolescente.

El debate tuvo posiciones divididas también entre los representantes de Santa Cruz. Cuando el proyecto fue tratado en Diputados, José Luis Garrido y Jairo Guzmán votaron a favor, mientras que Ana Ianni, Moira Lanesán y Juan Carlos Molina lo hicieron en contra. Desde sectores vinculados a niñez en Río Gallegos se cuestionó la reducción de la edad y se reclamó fortalecer las políticas preventivas, educativas y de protección.

A partir del 5 de septiembre, el debate dejará de estar centrado únicamente en la sanción de la ley y pasará a su aplicación concreta en los tribunales. En Santa Cruz, el Poder Judicial comenzó a anticipar ese escenario con un mensaje dirigido directamente a los adolescentes: a partir de los 14 años, determinadas conductas delictivas podrán derivar en un proceso penal bajo el nuevo régimen.