El polémico operativo de limpieza en el TOF de Tucumán ahora es investigado por el Consejo de la Magistratura

El escándalo por la limpieza en el subsuelo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán escaló hasta el Consejo de la Magistratura de la Nación. El organismo aprobó un pedido de informes para esclarecer qué ocurrió el 11 de mayo, cuando se retiraron materiales acumulados durante décadas, entre ellos secuestros judiciales y documentación de causas en trámite. La medida busca determinar si el operativo, que derivó en una denuncia penal, cumplió con los procedimientos legales.

El operativo fue ordenado por la jueza Cristina Giordano, quien subrogaba el TOF, y contó con la participación de Gendarmería Nacional, que aportó camiones para trasladar los elementos. La limpieza se realizó en el edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, donde se acumulaban muebles, computadoras, expedientes y otros bienes pertenecientes al tribunal.

¿Quién denunció el hecho?

El secretario de Cámara, Hugo César del Sueldo Padilla, presentó una denuncia penal al considerar que el operativo fue dispuesto por los tres jueces subrogantes: Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Cristina Giordano. En su presentación, Del Sueldo Padilla afirmó que se opuso desde el inicio al retiro de los elementos, ya que, como custodio de los secuestros judiciales, entendía que la medida violaba los procedimientos establecidos.

Según su declaración ante el fiscal federal Agustín Chit —causa que luego pasó a manos del fiscal Rafael Vehils Ruiz y del juez José Manuel Díaz Vélez—, la remoción constituía un acto "fuera de la ley". El secretario también advirtió que en el subsuelo había elementos vinculados a causas penales en trámite, expedientes con juicios pendientes y procesos sin sentencia firme.

¿Qué elementos fueron retirados?

Durante la limpieza se retiraron cajas y numerosos objetos, con la intervención de empleados judiciales y efectivos de Gendarmería. Se confeccionaron planillas para clasificar qué materiales debían conservarse y cuáles serían descartados. Entre los bienes figuraban expedientes judiciales, armas, dinero, muestras de estupefacientes, vehículos, computadoras, teléfonos celulares y relojes, todos incorporados como prueba en distintas investigaciones.

Del Sueldo Padilla también mencionó el caso "Ale", señalando que ese expediente no estaba concluido porque restaba cumplir una resolución de reenvío de la Cámara Federal de Casación Penal.

La preocupación de la Fiscalía

El fiscal federal Pablo Camuña, representante del Ministerio Público Fiscal ante el TOF, solicitó información sobre la resolución que autorizó el operativo, las normas aplicadas, el acta correspondiente y la identidad del funcionario que intervino. El interés de la Fiscalía era determinar si entre los materiales retirados había pruebas de causas aún no juzgadas.

En su denuncia, el secretario calificó lo ocurrido como un hecho que "excede cualquier abuso de poder" en sus más de cuatro décadas de trayectoria en el Poder Judicial.

El rol del Consejo de la Magistratura

El expediente llegó al Consejo de la Magistratura a partir de una presentación de la legisladora Silvia Elías de Pérez, quien pidió analizar las circunstancias del operativo y evaluar la eventual responsabilidad disciplinaria de los magistrados involucrados. El consejero y camarista federal Alberto Lugones impulsó un pedido formal para que la Cámara Federal de Tucumán informe si tuvo conocimiento de la remoción de los secuestros, si fue notificada sobre la presunta desaparición de 58 comprimidos de Alprazolam y si el secretario había advertido irregularidades.

Ese requerimiento fue aprobado. La referencia a los comprimidos de Alprazolam es clave porque, según trascendió, en un juicio el Ministerio Público Fiscal desistió de la acusación luego de que ese material desapareciera durante la limpieza.

Con la actuación disciplinaria en marcha, el Consejo deberá reunir la documentación y las explicaciones para establecer si el operativo respetó las normas de custodia, conservación y destrucción de bienes secuestrados. Mientras tanto, la investigación penal continúa sin avances significativos.