El policía que manejaba la seguridad de un paseo de compras terminó con una pena que sacudió a los feriantes

Un efectivo policial fue condenado a 13 años de prisión por quedarse con el dinero de alquileres que los feriantes le pagaban en un centro comercial de San Miguel de Tucumán. La investigación reveló un entramado de estafas que superó los $10 millones y derivó en una segunda causa por una presunta organización dedicada a ocupar viviendas con problemas legales para venderlas con documentación falsa.

La jueza María Alejandra Balcázar firmó la sentencia tras un debate oral en el que el Ministerio Público Fiscal había reclamado 14 años de cárcel. La defensa de Daniel Edgardo Chavarría, a cargo del abogado José Eduardo de Jesús Gaitán López, pidió la absolución, mientras que las querellas respaldaron el pedido de condena.

El rol clave en el paseo de compras

Chavarría se desempeñaba como responsable de seguridad de un centro comercial ubicado en avenida Sáenz Peña al 100. Según la acusación, esa posición le permitió ganarse la confianza de los propietarios y de los feriantes que explotaban los locales.

Aprovechando ese vínculo, habría recibido pagos de distintos comerciantes en concepto de adelantos de alquiler y renovaciones de contratos durante 2024. Los investigadores determinaron que por esas operaciones percibió cerca de $4,7 millones que nunca fueron rendidos a la sociedad administradora del predio.

El perjuicio económico alcanzó tanto a los feriantes que entregaron el dinero como a la firma dueña del paseo, siempre de acuerdo con la acusación.

La feria en construcción y las cinco víctimas

El juicio también abordó otra modalidad que se le atribuye al acusado. Chavarría habría simulado tener autorización para comercializar puestos de una feria que se estaba construyendo en avenida Sáenz Peña 155.

Con esa apariencia, habría ofrecido y vendido locales a personas que pagaron convencidas de que participaban de operaciones legítimas. Cinco damnificados entregaron en conjunto alrededor de $6 millones.

Durante el debate, el fiscal Diego López Ávila y su auxiliar Emily Rafael sostuvieron que hubo una pluralidad de víctimas que decidieron denunciar y que el acusado desarrolló un esquema sistemático. Para probarlo, la Fiscalía incorporó testimonios y diversos elementos probatorios.

Entre las pruebas tuvo peso una pericia caligráfica del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), realizada sobre talonarios y recibos manuscritos que llevaban la firma del imputado.

El Ministerio Público acusó a Chavarría como autor de abuso de confianza en concurso real con estafas reiteradas y pidió 14 años de prisión. Tras analizar la prueba y escuchar a las partes, la jueza Balcázar fijó la pena en 13 años.

"Ejemplificadora": la reacción del querellante

Ernesto García Biagosch, abogado querellante del propietario del centro comercial, calificó el fallo como "ejemplificador" por la magnitud de la condena. Destacó particularidades del expediente: la condición de policía del condenado, la cantidad de víctimas, la extensión temporal de las maniobras y el perjuicio económico causado.

El letrado también resaltó la decisión de su representado frente a los comerciantes perjudicados. Según explicó, el dueño del paseo asumió las consecuencias económicas y reconoció como válidos los recibos entregados irregularmente a los feriantes, para evitar que decenas de familias perdieran los espacios donde trabajaban.

Una segunda causa que sigue abierta

La investigación inicial abrió además otra línea judicial contra Chavarría. Mientras se reunían las pruebas por las estafas en el centro comercial, los pesquisas encontraron elementos que lo vinculaban con una presunta maniobra fraudulenta diferente.

De acuerdo con la hipótesis del fiscal López Ávila, Chavarría habría integrado una organización dedicada a localizar y ocupar viviendas con conflictos o inconvenientes legales para luego venderlas a terceros mediante documentación presuntamente falsa.

En ese expediente también fueron procesados el comisario retirado Jorge Mostafá, ex director de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y el comisario Marcelo Soraire, por entonces jefe de la Comisaría 1ª.

Esa segunda investigación permanece separada de los hechos por los que Chavarría recibió la condena de 13 años. Las responsabilidades de los involucrados deberán determinarse dentro de ese proceso.