El pozo que YPF dejó abierto en Salta: la limpieza puede costar más que un edificio de lujo

La Justicia de Orán intimó a YPF y a la quebrada President Petroleum a presentar en diez días hábiles un plan para cerrar el pozo Loma de Olmedo X-10, en Puesto Guardián. El saneamiento, según las alternativas que maneja la petrolera estatal, tiene un abanico de costos que va de 3 a 60 millones de dólares.

El dato lo aportó Martín de los Ríos, integrante del Directorio de YPF, en diálogo con La Mañana de Radio Lup 94.7 Salta. El funcionario describió una situación que arrastra décadas y que involucra a varias empresas, a dos familias puesteras y a un pozo perforado en 1983 por la entonces YPF Sociedad del Estado.

Un pozo que nunca se cerró como corresponde

Según explicó de los Ríos, el pozo tenía una surgencia de gas cuando estaba activo, pero hoy lo que emana es líquido. Eso ocurrió, dijo, porque no se lo abandonó técnicamente cuando se dejó de usar.

“Eso es lo que no se hizo en este pozo y por eso lo que está pasando”, señaló el directivo, que detalló que un cierre adecuado exige cementar el caño en profundidad para evitar que el fluido aflore a la superficie. Esa tarea nunca se completó.

Por el pozo pasaron varias operadoras privadas que lo intervinieron y que fueron demandadas como potenciales responsables del pasivo ambiental. La provincia las intimó a subsanar el evento. Entre ellas está la inglesa President Petroleum, que hoy se encuentra en quiebra.

La privatización de YPF en los años 90, según de los Ríos, blindó a la nueva sociedad como una persona jurídica distinta de la estatal que perforó el pozo, lo que complica la atribución de responsabilidades.

Las familias que viven cerca y la medida cautelar

Dos familias de puesteros, poseedoras de tierras cercanas a la boca del pozo, iniciaron una acción penal. A partir de eso, el juez de Orán dictó una medida cautelar que impide avanzar con un plan de saneamiento.

Las tierras están en área fiscal y las familias tienen título de propiedad imperfecto. Para de los Ríos, la discusión no pasa por si les corresponde o no estar en el lugar, sino por encontrarles una solución.

“Ellos saben perfectamente que hay una orden de restricción perimetral, una prohibición de acercamiento a 200 metros a la redonda del perímetro de la boca del pozo, con lo cual en la medida que no invadan esa zona de exclusión, no hay ningún peligro”, afirmó.

El directivo aclaró que la urgencia ya no es gaseosa: antes existía riesgo de intoxicación por inhalación porque salía gas, pero al tratarse ahora de líquidos el peligro para personas o animales es menor. Solo habría consecuencias si alguien ingiriera ese líquido, algo que consideró improbable: “claramente nadie lo va a hacer”.

Como medida de contingencia, la provincia creó un camino alternativo para circular sin pasar cerca del pozo y resguardar así a las personas y a los animales. También se intenta que, por unas acequias, el líquido se concentre en una pequeña represa. “Claramente no es la solución”, admitió de los Ríos.

Zona alejada y un plan de abandono pendiente

El área de Puesto Guardián, donde está el pozo, no tiene urbanizaciones cercanas ni campos agrícolas. Lo más próximo es La Estrella, a unos 15 kilómetros.

Para de los Ríos, la asistencia de YPF y del resto de la industria en Salta es clave no solo para este saneamiento, sino para anticipar otros pozos que podrían generar impacto, herencia de la época de esplendor de la Cuenca Norte. “Hay que prever un plan de abandono de pozos con potencial riesgo de su urgencia”, sostuvo.

La discusión de fondo pasa por deslindar responsabilidades por no haber abandonado debidamente el pozo. “La provincia de Salta ha demandado y judicializado para con todo, desde quien perforó hasta el último concesionario del área que fue la empresa inglesa President Petroleum que quebró”, recordó.

En ese marco, YPF colabora con su equipo técnico en el relevamiento y diagnóstico. El directivo contó que analizan cuatro soluciones posibles de distintos actores consultados, con montos que van desde 3 hasta 60 millones de dólares.

Más allá de quién sea responsable a largo plazo, la intimación judicial pesa sobre YPF y President Petroleum. “El plan de saneamiento lo tienen que presentar porque esa es una manda judicial”, cerró de los Ríos.