El presidente de la Caja de Previsión de Santa Cruz salió al cruce de las críticas por las jubilaciones en el Poder Judicial

La polémica por las jubilaciones en el Poder Judicial de Santa Cruz sigue sumando capítulos. Mientras desde distintos sectores cuestionan la aplicación del Decreto 608, el presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, rompió el silencio y aclaró: “La Caja no inició de oficio los trámites ni obligó a nadie a jubilarse”.

En diálogo con La Mañana de LU12, Pérez defendió la decisión del organismo que conduce y aseguró que la normativa se aplicó de manera uniforme, sin distinciones. Las críticas surgieron especialmente por las jubilaciones otorgadas a tres vocales del Tribunal Superior de Justicia: Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueña.

Qué establece el Decreto 608

Pérez explicó que el Decreto 608 busca ordenar una situación que se venía arrastrando desde hace años. Según detalló, muchos afiliados iniciaban sus trámites jubilatorios, la Caja determinaba que cumplían los requisitos, pero el cese de la relación de dependencia nunca se concretaba, dejando el expediente en un limbo.

“Una persona iniciaba voluntariamente su trámite jubilatorio, la Caja analizaba su situación y determinaba que cumplía todos los requisitos para jubilarse. Pero muchas veces el cese en la relación de dependencia no se producía y el trámite quedaba en una especie de situación intermedia”, explicó Pérez.

El procedimiento arranca cuando el afiliado presenta la declaración jurada y la documentación. La Caja verifica servicios, aportes y requisitos legales. Si el Directorio concede el beneficio, se notifica al titular y al empleador. Pérez remarcó que una cosa es conceder la jubilación y otra que empiece a pagarse: “Para empezar a cobrar el beneficio solicitado por el titular tiene que producirse el cese de la actividad”.

El Decreto 608 fija un plazo para que el empleador comunique el cese y contempla prórrogas de hasta 180 días en casos excepcionales.

Trámites voluntarios

Uno de los puntos que Pérez buscó dejar en claro es que la Caja no inició de oficio ningún expediente. “Hay que dejar algo claro: la Caja de Previsión no inició de oficio estos trámites, ni tampoco obligó a nadie a jubilarse”, remarcó.

Y agregó: “Si una persona solicita una jubilación y cumple con todos los requisitos, la responsabilidad de la Caja es resolver ese expediente, y eso fue lo que hicimos”.

Más de 300 personas en condiciones de jubilarse

Pérez confirmó que actualmente hay más de 300 personas que ya iniciaron el trámite, cumplen los requisitos, pero aún no presentaron la renuncia para cesar en sus cargos. La reunión extraordinaria del viernes fue la primera en la que el Directorio aplicó el Decreto 608, aprobando 27 jubilaciones, entre ellas las de las tres vocales.

“Los expedientes no se eligen. Los afiliados vienen, solicitan la jubilación y, por el proceso administrativo, van ingresando al Directorio”, explicó. Para Pérez, la pregunta es clara: “Si completa la documentación correspondiente y la persona solicita formalmente su jubilación y acredita todos los requisitos establecidos por la ley, ¿qué debería hacer la Caja? ¿Negarle la jubilación que esa misma persona está solicitando? Nosotros entendemos que no”.

“No podemos tener una interpretación de la ley dependiendo de quién sea la persona”

El presidente de la Caja insistió en que la Ley 1782 se aplica igual para todos. “No podemos tener una interpretación de la ley dependiendo de quién sea la persona que está adelante”, afirmó. Entre los expedientes aprobados hay trámites iniciados en 2018, 2019, 2021 y 2022, algunos con años de demora administrativa.

Qué respondió sobre la estabilidad de los jueces

La vocal Paula Ludueña cuestionó públicamente la medida y sostuvo que los jueces tienen estabilidad y no se les puede quitar el cargo por una jubilación. Pérez diferenció el otorgamiento de un beneficio previsional de una eventual remoción.

“Acá no hubo una decisión de la Caja diciendo que queremos sacar a estas personas de su cargo”, sostuvo. Y explicó que la Caja no tiene competencia para determinar quién continúa como vocal. “La Caja no interpreta quién puede o no continuar como vocal. La Caja determina quién tiene derecho a una prestación previsional, y eso es exactamente lo que hicimos”, expresó.

El caso de Daniel Mariani

Pérez también fue consultado sobre el vocal Daniel Mariani, luego de que trascendiera que habría iniciado un trámite jubilatorio. Su expediente no estaba entre los 27 aprobados. “Desconozco si el vocal ha presentado sus papeles”, respondió.

El debate por el financiamiento de la Caja

La aplicación del decreto reabrió el debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional. Pérez coincidió en que los trabajadores activos son clave, pero planteó otro problema: no todos los aportes llegan a la Caja.

“Comparto que la Caja la sostienen los activos, pero cuando nos referimos a eso también hay que hablar de que no todos los activos llegan sus aportes a la Caja de Previsión Social”, señaló. Y agregó: “Una de las cuestiones de defender al activo y defender a la Caja de Previsión es también que esos aportes personales y patronales ingresen a la Caja de Previsión”.

Los vocales que se retiraron de la reunión

Durante la reunión del viernes, los vocales representantes de activos y pasivos decidieron retirarse. Pérez consideró que están en su derecho. “Es totalmente entendible. Representamos roles distintos y están en todo su derecho de no participar de la reunión que tuvimos la semana pasada o de cualquier reunión”, expresó.

Uno de los planteos apunta a la posible inconstitucionalidad del Decreto 608. Pérez evitó especular y sostuvo que el Directorio debe concentrarse en sus responsabilidades actuales.

Cómo continuará el tratamiento de los expedientes

Por ahora no hay un cronograma definido para los más de 300 expedientes en condiciones de avanzar. Pérez adelantó que primero harán un relevamiento integral con el equipo técnico.

“Tenemos que juntarnos con todo el equipo técnico para hacer un relevamiento”, indicó. Además, advirtió que la cifra podría aumentar: “Yo te estoy diciendo 300, pero pueden ser un poquito más, porque tenemos trámites por ahí del interior de la provincia que por ahí no estaba teniendo en cuenta”.

Tras ese análisis, el Directorio definirá cómo organizar las próximas reuniones para dar respuesta a los afiliados que iniciaron voluntariamente sus trámites.