El Presupuesto 2027 mete más plata en Educación, pero hay una trampa que ya se vio en 2026

El proyecto de Presupuesto 2027 incluye a Educación entre las áreas con suba nominal, pero el verdadero ganador o perdedor de la pulseada se define en otro número: la inflación. La función Educación y Cultura pasaría de 8.802.864,7 millones de pesos en 2026 a 11.196.743,4 millones el año próximo, un alza del 27,2 por ciento nominal que representa el 5,5 por ciento del gasto de la Administración Nacional.

El problema es el mismo de siempre. La propia estimación oficial proyecta una inflación promedio de 21,1 por ciento para 2027, muy por encima del 18 por ciento interanual que el Gobierno usa como supuesto para diciembre. Con ese promedio, la recomposición real del gasto educativo queda bastante más chica de lo que sugiere el titular del aumento.

La trampa que ya se vio en 2026

El Presupuesto vigente se armó con una inflación proyectada de 10,1 por ciento para este año, una hipótesis que ya había sido señalada como demasiado optimista frente al ritmo real de los precios. El propio Gobierno presentó entonces los aumentos de partidas sociales como mejoras reales, pero el resultado efectivo dependía de que la inflación se comportara según ese pronóstico.

Este medio ya había advertido en septiembre de 2025 que una pauta de 10,1 por ciento, con un IPC avanzando cerca del 2 por ciento mensual, podía terminar generando una pérdida real en las partidas construidas sobre ese supuesto. La dinámica vuelve a repetirse ahora: incrementos nominales que, contrastados con una pauta de inflación exigente, parecen mejoras reales, aunque el resultado final dependerá de que la proyección se cumpla.

En números fríos, el 27,2 por ciento de suba supera el 18 por ciento interanual previsto para diciembre de 2027 y permitiría mostrar una recomposición real. Pero si se toma la inflación promedio anual del 21,1 por ciento, el crecimiento real del crédito educativo se reduce a alrededor del 5 por ciento. Y hay un dato que complica más el panorama: los aumentos salariales corresponden a recomposición de ingresos y toman en cuenta inflación pasada y futura.

El escenario que nadie quiere

El punto de mayor tensión aparece si la inflación efectiva vuelve a superar la estimación oficial. Una inflación anual superior al 27,2 por ciento dejaría sin crecimiento real a la función Educación y Cultura respecto del crédito nominal de 2026. Y si el IPC se ubica entre el 21,1 por ciento promedio y ese 27,2 por ciento, la recomposición real prevista se iría reduciendo progresivamente.

La discusión, entonces, no pasa solo por cuánto dinero aparece escrito en las planillas, sino por cuál será el poder de compra efectivo de esos recursos durante 2027, en el cuarto año de administración libertaria.

Universidades: la brecha que no cierra

El artículo 12 del proyecto establece un crédito de 7.349.082.049.312 pesos para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. La cifra queda lejos de lo que el propio sistema calcula que necesita: el Consejo Interuniversitario Nacional estimó un núcleo presupuestario de aproximadamente 11,005 billones de pesos para sostener el funcionamiento del sistema universitario público nacional en 2027.

La diferencia entre ese cálculo y los 7,35 billones del artículo 12 muestra que el debate universitario no se limita a si la partida sube o baja frente al año anterior. También involucra qué nivel de actividad se pretende sostener, qué salarios se pueden financiar, qué inversiones quedan disponibles y qué capacidad tendrán las instituciones para afrontar sus costos.

El contexto agrava la discusión: según los datos del informe citado en el material de base, el presupuesto de las universidades nacionales proyectado para 2026 mostraba una caída real del 33,8 por ciento frente a lo efectivamente ejecutado en 2023. Un aumento nominal para 2027 no implica necesariamente recuperar lo perdido en los ejercicios anteriores.

Rectores y gremios universitarios volvieron a poner el financiamiento en el centro de la discusión presupuestaria. Los representantes de las casas de estudio concurrirían al Congreso para presentar sus necesidades de cara al debate del Presupuesto 2027, en paralelo con la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para octubre.

El antecedente que Milei prefiere olvidar

La comparación con el presupuesto anterior explica por qué la pauta de inflación ocupa un lugar central. El proyecto de Presupuesto 2026 calculó un IPC de 10,1 por ciento interanual para diciembre de ese año, hipótesis que se usó para presentar incrementos nominales como mejoras reales. En la presentación, Milei afirmó que "el gasto en educación también aumenta un 8 por ciento por encima de la inflación" y sostuvo que el presupuesto asignaba 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales.

La dificultad era que esos porcentajes dependían de una inflación proyectada que podía no coincidir con la evolución efectiva de los precios. En septiembre de 2025, cuando se presentó el proyecto, se advirtió que el supuesto de 10,1 por ciento resultaba particularmente exigente frente a una dinámica de precios que todavía se ubicaba en torno al 2 por ciento mensual.

Ese antecedente vuelve relevante el diseño del Presupuesto 2027: una parte importante del incremento anunciado puede quedar neutralizada si los precios evolucionan por encima de la hipótesis oficial. La diferencia entre una partida que aumenta 27,2 por ciento y una inflación de 18 por ciento puede presentarse como recuperación real, pero si el IPC termina cerca del 27 por ciento el resultado sería prácticamente de mantenimiento del poder de compra y, si lo supera, comenzaría a observarse una caída real respecto del crédito de referencia.