El Presupuesto 2027 no reactiva las rutas: el ajuste que ya dejó miles de obras en el camino

El Gobierno nacional ya rescindió el 71% de las obras viales que recibió en ejecución. De las 2.339 obras que el Estado nacional heredó en marcha, 1.683 fueron rescindidas, 457 se transfirieron a provincias y municipios y apenas 199 quedaron bajo gestión directa de Nación, según el propio mensaje del Proyecto de Presupuesto 2027.

El documento también revela que en 2024 solo se iniciaron 18 obras y en 2025 ninguna. Para el año próximo, el Presupuesto le asigna a la obra pública apenas el 0,3% del PBI.

Vialidad Nacional, el termómetro del recorte

El organismo tendrá en 2027 un presupuesto real 72,8% inferior al que ejecutó en 2023. Dentro de ese total, el mantenimiento de las rutas nacionales recibirá un 66,7% menos que antes del inicio de la actual gestión, mientras que la rehabilitación y repavimentación quedarán 78,6% por debajo de aquel año.

Así, después de casi tres años de ajuste, el proyecto no plantea recomponer el mantenimiento de la red vial: consolida un nivel de gasto estructuralmente bajo. La administración libertaria busca afianzar en 2027 el esquema de obra pública iniciado en 2024, con menos participación directa del Estado, transferencia de proyectos a provincias y municipios y mayor presencia del sector privado.

El nuevo piso de la obra pública

El Presupuesto 2027 consolida el desplome. La política de Infraestructura y vivienda tendrá el próximo año un gasto real 72,4% inferior al ejecutado en 2023, último año de la gestión anterior.

El gasto de capital asociado a infraestructura, medido en pesos constantes de 2027, pasa de alrededor de $18,4 billones en 2023 a $5,1 billones en 2024, y se mantiene en niveles históricamente bajos: $3,9 billones en 2025, $3,7 billones en 2026 y $3,8 billones previstos para 2027.

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) precisó que, "aun con una leve recuperación respecto de 2026, el gasto proyectado para 2027 continúa cerca de 80,0% por debajo del nivel de 2023". La caída alcanza a las principales funciones vinculadas con infraestructura y "es especialmente marcada en vivienda, agua y saneamiento y transporte", agregaron.

Para 2027, el Gobierno proyecta destinar $372.915 millones a construcciones viales, un 29,7% más en términos reales que lo presupuestado para 2026. Sin embargo, el rebote parte de una base extremadamente baja: frente a lo ejecutado en 2023, los recursos para construir rutas siguen siendo 75,8% menores en términos reales.

El mantenimiento muestra una diferencia aún más marcada. Vialidad Nacional tendrá $332.683 millones para conservar las rutas nacionales, una partida que cae 2,6% en términos reales respecto de este año y que acumula una disminución del 66,7% contra 2023, según datos procesados por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).

La rehabilitación y repavimentación siguen el mismo camino: el proyecto contempla $62.113 millones, un 7,4% menos que lo presupuestado para 2026 y todavía 78,6% por debajo de lo ejecutado en 2023.

Menos Estado, más concesiones privadas

El recorte de Vialidad Nacional avanza al mismo tiempo que el Gobierno de La Libertad Avanza busca transferir parte de la red vial a empresas privadas. En julio pasado, dos concesionarios asumieron la explotación, administración y mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas en Buenos Aires y La Pampa. En agosto, el Gobierno adjudicó otros ocho tramos de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones, que abarcan más de 3.900 kilómetros.

La expansión del esquema modifica el alcance de la intervención directa de Vialidad: una parte de las rutas dejó de depender de asignaciones presupuestarias para su conservación y pasó a un sistema de financiamiento basado en la inversión privada y el cobro de peajes.

El proyecto presupuestario complementa ese menor financiamiento directo con beneficios tributarios. "El artículo 67 establece para los nuevos concesionarios un régimen que incluye amortización acelerada de inversiones, reintegro o crédito fiscal de IVA y la posibilidad de computar el 100% del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de otros tributos y contribuciones; además, condiciona estos beneficios a que las provincias involucradas otorguen exenciones de Ingresos Brutos y Sellos", explicaron desde ACIJ.

La entidad precisó que "parte del apoyo estatal a la infraestructura deja de adoptar la forma de gasto presupuestario directo y pasa a canalizarse mediante gastos tributarios asociados a la inversión privada".

De esta manera, el Presupuesto 2027 delinea un esquema donde el Estado nacional reduce drásticamente los recursos que destina a la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de rutas, mientras avanza con las concesiones privadas. No solo decide cuánto se gastará en rutas: también define cuáles quedarán atadas a la rentabilidad de una concesión y a costa de qué recursos fiscales.