El Presupuesto 2027 pone en jaque la AUH: la advertencia de Unicef que preocupa a millones de familias

Unicef Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtieron que el proyecto de Presupuesto 2027 no garantiza los fondos necesarios para sostener y actualizar las principales políticas de protección social para niñas, niños y adolescentes. La alerta la dieron durante una exposición ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados.

El proyecto prevé un aumento del 7% en términos reales respecto del presupuesto vigente a septiembre de 2026, pero las partidas de este año todavía no contemplan la totalidad de los fondos necesarios para cubrir hasta diciembre las prestaciones que se actualizan automáticamente. Por eso, las organizaciones pidieron analizar el presupuesto destinado a la niñez considerando no solo los incrementos proyectados, sino también las necesidades de financiamiento pendientes.

Los números que preocupan

Según el análisis presentado en el Congreso, el Presupuesto 2027 destina $21,5 billones a políticas nacionales para la niñez y la adolescencia. Ese monto representa el 10,8% del gasto total de la Administración Pública Nacional y un incremento del 7% real frente al presupuesto vigente a septiembre de 2026. Sin embargo, Unicef y ACIJ advirtieron que esa mejora debe tomarse con cautela: las partidas de 2026 aún no cubren todos los fondos necesarios para las prestaciones que se actualizan automáticamente hasta fin de año.

En particular, la AUH y las Asignaciones Familiares requerirían aproximadamente $1,5 billones adicionales para completar el financiamiento del año en curso. Al incorporar esas necesidades pendientes, el incremento proyectado para 2027 pierde fuerza y la inversión nacional en niñas, niños y adolescentes se mantendría en términos reales en niveles similares a los de 2026, sin una recuperación significativa.

El peso de las transferencias monetarias

Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión y Monitoreo de Unicef Argentina, destacó el rol central de las transferencias monetarias dentro de las políticas para la infancia. “Las políticas de protección de ingresos representan el 88% del presupuesto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes. Por su peso, su evolución resulta determinante para el nivel general de inversión en niñez a nivel nacional”, afirmó.

En ese marco, Unicef y ACIJ remarcaron que cualquier modificación presupuestaria o normativa que afecte la actualización de estas prestaciones puede repercutir directamente en el bienestar de millones de niñas, niños y adolescentes. Waisgrais subrayó que la protección de los recursos para la infancia debe ser prioridad en un contexto de restricciones fiscales. “En un contexto de restricciones presupuestarias, proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental para asegurar el ejercicio de sus derechos”, señaló ante los legisladores.

El punto más crítico: la eliminación de la actualización automática

Uno de los principales focos de preocupación es la propuesta del proyecto de Presupuesto para eliminar el mecanismo legal de actualización automática de las asignaciones familiares y de la AUH. Según las organizaciones, esa modificación podría debilitar la capacidad de las prestaciones para acompañar la evolución de los precios y preservar su poder adquisitivo.

Mantener un mecanismo de movilidad automática resulta clave para evitar que la inflación reduzca el valor real de las transferencias. Sin una regla de actualización que siga la evolución económica, los hogares beneficiarios podrían enfrentar mayores dificultades para afrontar gastos esenciales como alimentos, vestimenta, transporte y otros bienes necesarios para la crianza.

Unicef y ACIJ también plantearon la necesidad de incorporar un esquema de actualización para la Prestación Alimentar. Consideraron que establecer reglas claras para la evolución de sus montos daría mayor previsibilidad a las familias y contribuiría a reducir los niveles de pobreza e indigencia que afectan especialmente a los hogares con niñas, niños y adolescentes. Waisgrais insistió en la necesidad de una estrategia integral: “Preservar la capacidad protectora de las transferencias, fortalecer la ejecución de los recursos y sostener la coordinación entre niveles de gobierno son condiciones centrales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y reducir las brechas sociales y territoriales”.

Educación, salud y primera infancia: luces y sombras

Las advertencias no se limitaron a las transferencias de ingresos. Las organizaciones también identificaron diferencias en la evolución de las partidas para educación, salud y políticas de cuidado, áreas fundamentales para el desarrollo integral durante la infancia y la adolescencia.

En educación, el Presupuesto 2027 contempla un incremento real del 13% en los recursos para niñas, niños y adolescentes, explicado principalmente por el Plan Nacional de Alfabetización y las becas educativas. Pero las organizaciones señalaron que ese aumento debe evaluarse en relación con los recortes acumulados en los últimos años. Francisco Rodríguez, coordinador de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, advirtió que la recuperación prevista todavía es insuficiente para revertir el deterioro previo. “Si bien el presupuesto educativo para niñas, niños y adolescentes muestra una recuperación respecto de 2026, esa mejora no alcanza para revertir la fuerte caída acumulada de los últimos años”, señaló.

Rodríguez también puso el foco en las Becas Progresar, un programa clave para la continuidad educativa de adolescentes y jóvenes. “En programas clave como las Becas Progresar, el financiamiento previsto para 2027 continúa muy por debajo de los niveles registrados en 2023, lo que plantea desafíos para garantizar trayectorias educativas sostenidas, especialmente entre los adolescentes más vulnerables”, agregó.

En contraste con la suba en educación, el presupuesto de salud con impacto en niñas, niños y adolescentes registra una reducción real del 13%. Según el análisis, la caída responde principalmente a menores recursos para vacunas y a las transferencias al Hospital Garrahan, dos componentes relevantes para la atención sanitaria. A su vez, las partidas para el fortalecimiento de la educación y el cuidado de la primera infancia presentan una disminución real del 16%.