El Presupuesto 2027 tiene 3.000 páginas: en ninguna aparece el bono que cobran los jubilados

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 y la letra chica del documento dejó al descubierto una decisión que no está escrita en ningún artículo: el bono de $70.000 para los jubilados no se descongela y no tiene partida asignada en más de 3.000 páginas. La Seguridad Social se lleva $120 mil millones, el 58,9% del gasto público, pero la hoja de ruta del último año de mandato de Javier Milei no incluye ni una línea para actualizar el refuerzo que cobran los haberes mínimos.

El texto sostiene que para agosto de 2026 el haber mínimo resultó 14,2% superior en términos reales al de diciembre de 2023, gracias a la movilidad que ajusta por IPC desde abril de 2024. El punto de comparación elegido es el piso de la serie: el mes previo al salto inflacionario que licuó los haberes por la megadevaluación. El empalme con la nueva fórmula es lo que permitió perpetuar en el tiempo la pérdida de poder adquisitivo.

El bono que se licúa solo

El refuerzo permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024 y se renueva por decreto mes a mes. Cuando se creó, representaba alrededor de un tercio del ingreso de un jubilado de la mínima; hoy no llega a una séptima parte. Como no integra el haber, queda fuera de toda estadística de recomposición: el haber sube, el ingreso efectivo mucho menos. Y el proyecto no prevé partida alguna para actualizarlo.

Menos jubilados, no jubilaciones más bajas

El ajuste también pasa por la cobertura. Según el proyecto, se estima que serán 105.000 beneficiarios menos para el año que viene. Es el efecto del cierre de la moratoria: el sistema pierde titulares y no los repone porque quien no completó 30 años de aportes ya no tiene cómo jubilarse. El contrapeso es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que crece 14,9%, paga el 80% del haber mínimo y no genera pensión derivada. Así, se sostiene el haber promedio empujando gente hacia una prestación más barata.

Las prestaciones por moratoria todavía explican cerca de un tercio del gasto previsional de ANSES: no es un margen menor el que se apaga.

Quién financia las jubilaciones

Del lado de los recursos el deterioro es explícito: los aportes y contribuciones a la seguridad social pasan de 5,26% a 5,07% del PIB, con un alza nominal de 19,7% frente a una inflación promedio estimada en torno al 21%. El documento elaborado por el equipo que lidera el ministro de Economía, Luis Caputo, admite que incide negativamente el Fondo de Asistencia Laboral de la Ley 27.802 de la Reforma Laboral, que desde noviembre de 2026 detrae 1% de la remuneración en grandes empresas y 2,5% en MiPyMEs de las contribuciones destinadas a la seguridad social. Se suman $3.194.928,4 millones de gastos tributarios sobre contribuciones patronales, 0,23% del PIB.

El sistema queda cada vez menos financiado por salarios y cada vez más por impuestos generales, con el IVA a la cabeza. El proyecto no dice cómo se cierra ese desequilibrio.

El rezago de dos meses como herramienta fiscal

En el "Marco Fiscal de Mediano Plazo", el proyecto lleva el gasto primario por debajo del 14% del PIB hacia 2029 y aclara que los componentes más significativos del gasto social se actualizan por una fórmula que toma la inflación con dos meses de atraso. Con desinflación, ese rezago juega a favor; con cualquier salto de precios juega en contra, y no hay mecanismo compensatorio. Los supuestos son exigentes: IPC de 18% y dólar a $1.847,6 en diciembre de 2027. Si fallan, la variable de ajuste es el bolsillo de los jubilados.

Discapacidad: una reforma dentro del Presupuesto

Los artículos 36 a 38 reescriben la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, sancionada tras el rechazo a un veto presidencial. El cambio marca que la pensión no contributiva por invalidez pasará a ser incompatible con tener vínculo laboral formal o estar inscripto en el régimen general o simplificado. La contradicción con el propio presupuesto es directa: páginas antes, el texto asegura priorizar "un esquema de reinserción en el mercado laboral formal". A una persona con discapacidad se le ofrece lo opuesto: si se registra, pierde la pensión. Y tramitarlo dentro del presupuesto lo sustrae del debate que le corresponde.

En definitiva, la insostenibilidad se resuelve por omisión —un bono que se licúa solo, una cobertura que se achica sola, un financiamiento que se erosiona solo— y ninguna de esas decisiones aparece nombrada en el documento que el Congreso debe votar.