El Presupuesto 2027 tiene un detalle que casi nadie vio: qué pasa con la ciencia y la vigilancia

El Ministerio de Economía informó un aumento del gasto público del 25% para el Presupuesto 2027, pero las planillas anexas muestran otra historia: mientras la ciencia pierde terreno, las partidas para el ciberespionaje y la reforma del Estado se disparan muy por encima de la inflación.

El diablo, como dice el refrán, está en los detalles. Y los detalles de la ley de leyes que Milei envió al Congreso dejan al descubierto un ajuste silencioso en áreas clave de la ciencia y la tecnología nacional.

La ciencia, en la mira

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) recibiría 298.526 millones de pesos, apenas un 0,2% más que este año. En términos reales, con la inflación acumulada, se trata de un ajuste. El organismo viene siendo desmantelado en el marco del programa privatizador de La Libertad Avanza.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) corre la misma suerte: para 2027 se le asignaron 194.169 millones de pesos, una reducción del 6,6% respecto al Presupuesto 2026. Los trabajadores nucleados en ATE CONAE ya habían denunciado el vaciamiento presupuestario este año, y el proyecto lo confirma.

“La destrucción de la estructura de Ciencia y Tecnología nacional, junto con el proceso de desindustrialización a la par de la primarización absoluta, son la estrategia para convertir a la Argentina en un país fallido, con un futuro incierto y para nada esperanzador para quienes se formaron para la actividad espacial”, advirtieron desde ATE CONAE en un informe publicado por El Destape en marzo.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) perderá 44.000 millones de pesos respecto al Presupuesto 2026, un ajuste del 12,4%. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), otro de los organismos golpeados, sufrirá una quita del 5,2%: unos 4.800 millones de pesos menos.

El otro lado del mostrador

Mientras la ciencia se ajusta, hay áreas que crecen sin freno. El Centro Nacional de Ciberseguridad, que integra la estructura de Jefatura de Gabinete y fue incorporado al sistema de inteligencia del Estado por el decreto 941/2025, tendrá un presupuesto de 3.231 millones de pesos: un incremento del 698% en relación al Presupuesto 2026. El decreto también incluyó al Renaper, la CONAE, la Autoridad Regulatoria Nacional, la CNEA y la Aduana en el sistema de inteligencia, en un contexto de injerencia casi directa de Estados Unidos.

El área que conduce Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, pasará de recibir 27.486 millones a 39.753 millones de pesos, un alza del 44,6%. Es decir, 12.267 millones más para continuar con el ajuste y la transferencia de recursos hacia el sector privado concentrado.

Provincias: menos transferencias, más discrecionalidad

Las transferencias de capital hacia provincias y municipios bajarán un 3,3%: serán de 153.342 millones de pesos, 5.214 millones menos que este año. Sin embargo, la Vicejefatura de Gabinete, a cargo de Gustavo Javier Coria y bajo la órbita de Diego Santilli, recibirá 973.426 millones de pesos, un incremento del 138%. En un año electoral, esa área tendrá 565.569 millones de pesos extras para manejar, incluyendo la dirección de Asuntos con las Provincias.

El proyecto también contempla avales para que varias provincias tomen deuda externa: Chaco podrá endeudarse por 120 millones de dólares para infraestructura hídrica y vial; Córdoba, por 530 millones para infraestructura vial, agua y saneamiento y el acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba; Mendoza, por 100 millones de euros para el Metrotranvía; y San Juan, por 100 millones de dólares para infraestructura eléctrica.

Desregulación que cuesta plata

El mensaje oficial del Presupuesto 2027 insiste en la privatización de empresas públicas como eje de la transformación del Estado. “Un aspecto clave para la transformación del Estado es la política de privatización de empresas públicas impulsada por el Gobierno Nacional, orientada a reducir la participación estatal en actividades de carácter empresarial”, dice el documento.

Según el propio mensaje, ya se destruyeron 72.000 puestos de trabajo del sector público. “Con la reducción de estructuras superpuestas, la simplificación normativa, la modernización de los procesos administrativos y el avance en la reorganización y privatización de empresas públicas, se busca generar condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad privada”, señalaron desde el Poder Ejecutivo.

La desregulación, sin embargo, no es gratis: implica una transferencia de recursos del sector público al privado concentrado, mientras la ciencia y la tecnología nacionales quedan relegadas a un segundo plano.