El Presupuesto 2027 ya tiene la plata para las universidades, pero nadie dice a dónde va

El proyecto de Presupuesto 2027 que envió el Poder Ejecutivo Nacional contiene los fondos necesarios para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, según un análisis privado. La clave está en $5,93 billones que figuran sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro. Como ese dinero ya está contabilizado en el gasto total, reasignarlo a las universidades no alteraría el resultado fiscal previsto.

La Ley 27.795 está vigente desde octubre de 2025, cuando el Congreso insistió con los dos tercios tras el veto presidencial. El Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su aplicación con el Decreto 759/2025, argumentando que la norma no especifica de dónde saldrían los recursos. Desde entonces, la Justicia ordenó cumplir los artículos sobre salarios y becas mediante una cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio. El 6 de octubre, un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, una sentencia que el Gobierno apeló.

¿Cuánto cuesta cumplir la ley?

El informe calcula el costo sobre los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto asigna a las universidades nacionales. Cubrir lo que hoy es exigible por la cautelar –recomposición de salarios y becas– demandaría unos $2 billones en 2027. La ley completa, que incluye actualización de gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y extensión, requeriría entre $2,45 y $3,65 billones según la base de cálculo. En todos los casos, representa entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto y entre el 0,14% y el 0,26% del PBI.

¿Dónde está el dinero?

La jurisdicción que más crece en el proyecto 2027 es Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de $5,6 a $14,8 billones. Más de la mitad, $7,68 billones, aparece como “otras asistencias financieras”, sin beneficiario definido. El análisis aplica un criterio conservador: descuenta la reserva para aumentos salariales de toda la Administración Nacional ($1,45 billones) y lo que ya se destina a universidades ($0,30 billones). Aun así, quedan $5,93 billones sin asignación específica, cuyo destino define el PEN durante el ejercicio. El costo máximo de la ley completa equivale al 62% de ese monto.

Sin afectar el equilibrio fiscal

Ese margen no implica gasto nuevo. Los fondos sin asignación específica ya están incluidos en el gasto total del proyecto, por lo que reasignarlos a las universidades no modifica el resultado financiero previsto: lo que se reduce es la discrecionalidad del PEN para decidir su destino. Tampoco hace falta una ley nueva. La Ley de Administración Financiera (24.156) permite al jefe de Gabinete reestructurar créditos dentro del monto total aprobado, y el propio proyecto 2027 otorga al PEN facultades de reasignación durante el ejercicio.

Hay además una salida legal. El artículo 5 de la Ley 24.629, en el que se apoya la suspensión, frena una ley de gasto solo “hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”. Si el Congreso incorpora la partida al tratar el Presupuesto 2027, el fundamento del Decreto 759/2025 deja de existir.

El costo de no cumplir

Con nueve de cada diez pesos del presupuesto universitario destinados a salarios, la diferencia entre el crédito y la inflación golpea el ingreso de docentes y no docentes. El acuerdo de junio cortó 19 meses de caída, pero el salario real sigue 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, unos 10.000 docentes renunciaron en ese período, y en 2025 la ejecución real de ciencia y técnica universitaria fue solo el 38% de la de 2023.

Lo que viene

El proyecto 2027 suma un nuevo foco de conflicto. Su artículo 12 fija un crédito cerrado y calcula los aumentos sobre las plantas de noviembre de 2026, mientras que la Ley 27.795 obliga a paritarias con intervalos de no más de tres meses y a una actualización salarial no inferior a la inflación. Si la inflación supera la prevista, por cada cinco puntos de desvío quedarían sin financiar unos $0,32 billones. Como la ley de presupuesto no puede derogar leyes vigentes, la obligación subsistiría y el litigio se renovaría en 2027.

La definición queda en dos frentes: la Cámara de Apelaciones, que revisará la sentencia de fondo, y el Congreso, que al votar el artículo 12 del Presupuesto 2027 tiene la posibilidad de cerrar el conflicto sin afectar el equilibrio fiscal.

Sobre el estudio

El análisis fue realizado por Zentrix Consultora (Buenos Aires) sobre la base de la Ley 27.795, el Decreto 759/2025, las leyes 24.156 y 24.629, el proyecto de Presupuesto 2027 y sus planillas, las resoluciones judiciales del caso –incluida la sentencia de fondo del 6 de octubre de 2026– y datos del Consejo Interuniversitario Nacional, FEDUN-CIICTI, ACIJ, ASAP, la Oficina de Presupuesto del Congreso y el INDEC. La información está actualizada al 13 de octubre de 2026. Las estimaciones se presentan en rangos y en pesos corrientes de 2027.