El primer travesticidio juzgado por jurados en Mendoza: cómo se investigó el crimen de Melody Barrera

Seis años después del asesinato de Melody Barrera, la fiscal Andrea Lazo reveló los detalles de una investigación que marcó un precedente en la Justicia mendocina. El caso, que terminó con la condena a prisión perpetua del policía Darío Chávez, fue el primero en el país en ser juzgado como travesticidio por un jurado popular.

La exposición se realizó durante las XIV Jornadas de Violencia de Género y Delitos Conexos, donde Lazo y el fiscal adjunto Gustavo Pirrello explicaron las decisiones que consideraron determinantes para llevar la causa desde el inicio hasta el veredicto.

Una investigación con perspectiva de género desde el comienzo

Melody, una mujer trans de 27 años que trabajaba como trabajadora sexual, recibió seis disparos, cuatro en la espalda, que le provocaron la muerte en minutos. Chávez, efectivo policial, la persiguió y la atacó por la espalda. Según Lazo, desde el primer momento se trabajó con la hipótesis de violencia por identidad de género.

"Fue el primer travesticidio del país, que además se decidió con un juicio por jurados y fue confirmado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza", señaló la fiscal. La decisión implicó no abordar el expediente como un homicidio común para después sumar la perspectiva de género, sino que el contexto de violencia fue parte de la hipótesis inicial.

El testigo que aportó la clave

Un testigo declaró que, minutos antes del crimen, Chávez había tenido una conversación con una referencia despectiva hacia Melody y manifestó su intención de buscar un arma. Ese testimonio cambió el enfoque: ya no se trataba de una agresión espontánea, sino de una conducta dirigida contra la víctima.

La autoría no fue el principal eje de controversia. La defensa de Chávez sostuvo que hubo un exceso en la legítima defensa. Así, la investigación debió responder otra pregunta: qué significado jurídico tenía el contexto del homicidio.

Las cinco decisiones que marcaron la causa

Lazo detalló las decisiones metodológicas que consideró clave. La primera fue aplicar una debida diligencia reforzada, con criterios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad, actuando de inmediato sin esperar medidas solicitadas. En 2020, Mendoza no contaba con el desarrollo institucional actual en violencia de género.

La segunda fue reconstruir quién era Melody: su historia, su situación y lo ocurrido antes del crimen. Se incorporaron las conductas hacia ella por su identidad, su actividad como trabajadora sexual, las vulnerabilidades, la discusión previa y la conducta de Chávez antes de volver con el arma.

También se evitó que su condición de mujer trans y trabajadora sexual fuera usada para desacreditarla o justificar lo ocurrido. Esos elementos se analizaron para entender vulnerabilidades estructurales, pero no para construir una explicación basada en estereotipos.

La investigación modificó el interrogante central: en lugar de preguntarse "¿por qué la víctima estaba ahí?", se concentró en "¿por qué el agresor volvió para matarla?". Ese cambio puso el foco en la conducta del acusado y la secuencia previa al ataque.

El uso del término travesticidio no fue solo simbólico. Funcionó como herramienta de litigio para visibilizar violencias estructurales y orientar al jurado. Se mencionaron exclusiones laborales, educativas y familiares que afectan a las personas trans. "Esta situación que atraviesan las mujeres trans de estar excluidas de un sistema de salud, un sistema de educación y un sistema laboral, eso nos ayudó mucho para que en definitiva el jurado pudiera decidir", expresó Lazo.

El juicio y la condena

Tras un revés judicial, la causa llegó a juicio el 12 de septiembre de 2022, con 12 ciudadanos mendocinos en el jurado popular. Tres días después, el 15 de septiembre, declararon culpable a Chávez por homicidio agravado por uso de arma, ensañamiento, alevosía, por su condición de policía y por odio a la condición de género de la víctima. La inclusión de ese agravante convirtió al caso en la primera condena por travesticidio en la historia judicial de Mendoza, con prisión perpetua.

Las cámaras de seguridad y el testimonio del testigo fueron pruebas relevantes para reconstruir la secuencia del ataque.

Un precedente para la Justicia

El caso dejó un precedente que excedió la resolución de un homicidio. Puso en discusión cómo debe abordarse judicialmente un crimen con indicios de violencia por identidad de género. La exposición de los fiscales permitió recuperar las decisiones que fueron determinantes para llevar el caso desde la investigación inicial hasta una condena por odio a la identidad de género.