El procurador Canteros lanzó una advertencia por la ley penal juvenil: "Esas 26 plazas se pueden llenar en un mes"

El procurador general del Chaco, Jorge Canteros, puso el foco en un riesgo concreto que trae la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil: la capacidad de los establecimientos donde se alojan adolescentes en conflicto con la ley. Según advirtió, si los operadores judiciales actúan con rigidez, las plazas disponibles en la provincia se agotan en pocas semanas.

"Si nos ponemos inflexibles o nos ponemos rígidos en la aplicación de esta ley penal juvenil, esas 26 plazas se las puede llenar en un mes", sostuvo Canteros en declaraciones a CIUDAD TV, en el marco de la puesta en marcha de un Observatorio Federal que monitoreará cómo se implementa la normativa en todo el país.

Un observatorio para seguir la aplicación de la ley

El Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y el Consejo Federal de Política Criminal crearon un Observatorio del Régimen Penal Juvenil con el objetivo de controlar que se cumplan las distintas etapas que prevé la ley. Del organismo participarán referentes de los ministerios públicos de todas las jurisdicciones.Canteros explicó que ambos consejos ya contaban con un Observatorio de Violencia de Género y que, ante la modificación del régimen penal juvenil, consideraron necesario contar con una herramienta específica para seguir su implementación.

"Hoy, con esta modificación del régimen de la Ley Penal Juvenil, quisimos estar a la altura de las circunstancias", afirmó el procurador chaqueño.

La prisión, como último recurso

El funcionario judicial insistió en que el nuevo régimen establece que la prisión debe ser la última alternativa. "Para esta ley, y eso hay que decirlo con claridad, la última ratio, la última decisión, es la prisión", remarcó.

En ese sentido, pidió no aplicar prisiones preventivas de manera automática y analizar las herramientas intermedias que contempla la norma, como la mediación, el cumplimiento de penas comunitarias y otras salidas previas al encierro.

"No hay que repartir prisiones preventivas. Hay que tener sumo cuidado en la aplicación del régimen penal juvenil, porque hay medidas intermedias, mediación, cumplimiento de penas comunitarias y salidas alternativas previas a la prisión", subrayó.

Ya hay adolescentes detenidos

Canteros confirmó que desde la entrada en vigencia del nuevo régimen ya se registraron detenciones de adolescentes alcanzados por la normativa. Según detalló, hubo casos de jóvenes de 14, 15 y 16 años que fueron privados de su libertad, aunque aclaró que se busca "morigerar" la prisión preventiva y recurrir a los mecanismos alternativos que prevé la ley.

El procurador también mencionó un cambio clave en el rol del Ministerio Público Fiscal. Antes, cuando un menor estaba involucrado en un hecho delictivo, quedaba inmediatamente a disposición de los jueces penales de menores. Ahora, el fiscal de investigación lleva adelante la investigación penal preparatoria tanto del mayor como del menor involucrado, y al juez de menores solo se le comunica que hay un adolescente detenido a su disposición.

Cuestionamientos judiciales

Canteros se refirió además a las recientes decisiones que pusieron en duda la constitucionalidad de la nueva normativa. Recordó que una jueza de la provincia de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de la ley para un caso concreto y que luego una jueza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptó una medida similar, con el argumento de la preeminencia de las convenciones internacionales y la protección de los derechos de niños y adolescentes por sobre las modificaciones introducidas.

El procurador aclaró que se trata de resoluciones adoptadas para casos puntuales y remarcó que el nuevo observatorio permitirá hacer un seguimiento de cómo se aplica la normativa en todo el país.