El Procurador frenó en seco al Concejo de Allen: la suspensión de Román, en la cuerda floja

El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, dictaminó que el Concejo Deliberante de Allen se pasó de sus atribuciones al suspender al intendente Marcelo Román. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tiene la última palabra.

Crespo firmó este martes el Dictamen N.º 114/26, donde consideró que el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal no se podía aplicar en este caso y pidió declarar nula la Ordenanza N.º 44/2026. Sin embargo, su dictamen no es vinculante: el STJ deberá resolver si comparte o no su criterio.

¿Cuál es el origen del conflicto?

Todo arrancó con la compra de un teléfono celular Samsung A34 con fondos municipales. Según la denuncia del Tribunal de Cuentas de Allen, el aparato fue adquirido por el Municipio y la línea telefónica se siguió pagando con plata pública, pero el dispositivo lo usaba el empresario Sebastián Ocampo, que no tenía cargo alguno en la comuna.

El 18 de junio, la jueza de Garantías Natalia González formuló cargos contra Román por presunto peculado y administración fraudulenta, y contra Ocampo como partícipe necesario. En esa misma audiencia se fijó un plazo de dos meses para continuar la investigación.

A partir de esa situación procesal, el 8 de julio el Concejo Deliberante aprobó la suspensión preventiva y sin goce de haberes del intendente hasta que haya sentencia definitiva.

¿Por qué Crespo cuestiona la suspensión?

El procurador sostiene que la formulación de cargos no es lo mismo que un procesamiento. En el antiguo sistema penal, el procesamiento implicaba que un juez evaluara pruebas y tuviera un grado de convicción sobre el delito y la participación del imputado. En el actual sistema acusatorio, el juez de Garantías no hace esa valoración al formular cargos.

Como el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen exige un procesamiento para poder suspender, y Román no está procesado, Crespo concluyó que el Concejo no tenía habilitación jurídica para aplicar esa norma.

Además, señaló que la suspensión tuvo efectos sancionatorios y se dispuso sin garantizar el derecho de defensa de Román. También remarcó que el intendente fue elegido por voto popular y que apartarlo solo corresponde ante causales estrictas y verificadas.

¿Qué pasa ahora con Román?

El dictamen de Crespo no deja sin efecto la suspensión ni restituye a Román en el cargo. La decisión final la tomará el STJ, que deberá resolver el conflicto de poderes planteado por el intendente.

Esta no es la primera intervención del procurador en el expediente: el 21 de julio ya había dictaminado que la presentación de Román debía tratarse como un conflicto de poderes y que el STJ debía resolverlo. En ese momento no se pronunció sobre el fondo.

El STJ, por su parte, ya rechazó una medida cautelar que pidió Román para frenar su suspensión, aunque habilitó la feria judicial para acelerar el trámite. Ahora, con el nuevo dictamen de Crespo, el máximo tribunal provincial deberá definir si la suspensión del intendente de Allen queda sin efecto o si se mantiene hasta que haya una sentencia definitiva en la causa penal.