El Procurador salió al cruce del Gobierno y pidió mantener la suspensión de los comedores

El Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, se pronunció en contra del intento de la Fiscalía de Estado por revertir la medida cautelar que frenó el nuevo sistema de provisión de alimentos en los comedores escolares. El funcionario consideró que la suspensión es "absolutamente necesaria" para proteger a los niños.

El dictamen de la Procuración fue presentado en el marco de la apelación que impulsó el Gobierno provincial tras la resolución del vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Juan Francisco Malvasio. Esa medida, dictada el 5 de este mes, ordenó al Ejecutivo abstenerse de entregar productos con sellos de advertencia en las escuelas públicas, tal como establece la Ley 27.642.

La cautelar surgió a partir de un amparo colectivo presentado por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG Fundación Cauce. Los demandantes cuestionaron el sistema centralizado de compras que reemplazó a la modalidad anterior de provisión.

¿Qué argumentó el Procurador?

García sostuvo que el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Estado "debe declararse inadmisible por mal concedido", por lo que pidió mantener la cautelar. En su escrito, remarcó que la medida "está debidamente motivada" y que resulta esencial para "la tutela de derechos colectivos vinculados a niños, niñas y adolescentes".

El jefe de los fiscales fue contundente: "La disposición de la medida cautelar ordenada es, en el caso, absolutamente necesaria y correcta por lo que deviene irrazonable que se revoque la misma pues se dejaría sin tutela judicial urgente al colectivo que lo requiere, máxime existiendo riesgo de imposible o dificultosa reparación ulterior".

Además, el dictamen destacó que la cautelar se sustenta en la necesidad de brindar "urgente protección a los derechos fundamentales" de los menores, un grupo de "preferente tutela constitucional y convencional". Citó artículos de la Constitución provincial que amparan la vida, la salud, la alimentación y la educación, entre otros derechos.

¿Qué resolvió el juez Malvasio?

La resolución del 5 de este mes ordenó al Superior Gobierno de la Provincia abstenerse de ofrecer, servir o distribuir en los establecimientos educativos públicos productos no perecederos que contengan sellos de advertencia, tal como lo indica el artículo 12 de la Ley 27.642. A la vez, exigió garantizar de forma simultánea la provisión de alimentos no alcanzados por esa prohibición, bajo la modalidad vigente antes del sistema centralizado.

Este domingo 16 venció el plazo para que ciudadanos interesados se sumen al amparo colectivo, y entre los que se presentaron figura la Defensoría del Pueblo de Paraná. Ahora se espera la resolución de fondo y el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre la cautelar.

El Gobierno ya sufrió un revés en su intento de recusar al juez Malvasio, ya que el STJ rechazó ese pedido. El máximo tribunal deberá definir ahora si la medida sigue vigente o si se levanta, en medio de la controversia por el sistema de comedores escolares.