El proyecto de discapacidad que el Gobierno ya no podía frenar: quién terminó dándole el sí

El oficialismo respiró. La Libertad Avanza logró aprobar en Diputados su propio proyecto sobre discapacidad y pagos a prestadores médicos, con una votación que sorprendió por su amplitud: 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. La iniciativa ahora pasa al Senado en busca de sanción definitiva.

El resultado no estaba cantado. Hasta horas antes, el escenario mostraba al Gobierno con un frente abierto y complicado, y a la oposición con su propia hoja de ruta: prorrogar la emergencia en discapacidad. Lo que cambió el tablero fue una serie de reuniones que se estiraron hasta entrada la sesión y un texto que fue mutando sobre la marcha.

La llave la tuvo el peronismo

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, con la coordinación del presidente de la Cámara, Martín Menem, encabezó las conversaciones. Junto a Giselle Castelnuovo abrió el diálogo con integrantes de Unión por la Patria, entre ellas Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, que dejaron la puerta abierta a acompañar si se incorporaban ciertos cambios.

El bloque que conduce Germán Martínez quedó entonces frente a una decisión incómoda. Hasta el día anterior, el sector se inclinaba por la prórroga que respaldaban UP, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda. Pero cuando el colectivo de discapacidad avaló la propuesta oficialista, rechazarla dejaba al peronismo en una contradicción difícil de explicar.

“Hoy el triunfo es del colectivo en discapacidad”, resumió un diputado de UP. Martínez, en tanto, reivindicó el contenido de la ley de emergencia vigente. En la bancada admitieron además un cálculo político: acompañar el texto también suma respaldo para revertir un eventual veto del Ejecutivo.

Qué dice el texto que se aprobó

Uno de los puntos más relevantes es que los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad pasan a estar fijados por ley y no por el Poder Ejecutivo. Entre ellos figuran contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

El proyecto mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido, y refuerza el respaldo presupuestario: si las partidas del Ministerio de Salud no alcanzan, se podrán usar fondos del Tesoro. También se establece que los recursos por beneficiario no pierdan valor frente a la inflación.

La deuda con los prestadores es otro de los ejes. El Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia para presentar un cronograma de pagos y un máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que hoy rondan los $278.323 millones. El reclamo era expreso de Pro.

En cuanto a las pensiones por invalidez, se garantiza el acceso a las prestaciones médicas básicas de Incluir Salud y la actualización mensual del nomenclador por inflación, un punto que había sido eliminado en el proyecto de presupuesto.

El mensaje al Gobierno y el capítulo VI

El misionero Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque de Argentina Federal, capitalizó los reclamos en un dictamen propio al que le incorporó aportes y que terminó de inclinar la balanza. Al presentarlo, le pidió al Gobierno que se comprometa a retirar el capítulo VI del proyecto de presupuesto, que contiene derogaciones y modificaciones contrarias a la iniciativa.

En concreto, ese proyecto propone derogar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que obliga a actualizar de forma automática y mensual los pagos a prestadores según el IPC. “Hoy el Congreso le da la respuesta a los colectivos, pero hay que lograr una respuesta por parte del Presidente”, advirtió Selva al reclamar la eliminación expresa de esos artículos.

El rol de la Iglesia

Según pudo saber LA NACION, autoridades del Episcopado se reunieron a última hora del día anterior con representantes del bloque libertario para transmitir su preocupación y pedir que se cerrara un acuerdo para el colectivo. La intervención llegó después de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, donde quedaron expuestas las dudas internas por el costo fiscal.

La presión se hizo más visible cuando la Comisión de Pastoral Social fijó posición sobre el debate y expresó su preocupación por los recortes que sufrió el área durante la gestión de Javier Milei.