El proyecto de Emergencia Habitacional en Santa Cruz ya tiene sus primeros críticos: “Poco objetivo”

Mientras la Legislatura de Santa Cruz debate en sesión extraordinaria la declaración de la Emergencia Habitacional, la Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) salió al cruce. Señalaron que la iniciativa del oficialismo se basa en un “diagnóstico parcial y poco objetivo” y que el verdadero problema no es la falta de viviendas, sino la crisis económica que golpea a las familias.

¿Qué dice el proyecto oficialista?

La propuesta, impulsada por el bloque que responde al gobernador Claudio Vidal, busca facilitar el acceso a una vivienda digna, agilizar la construcción de soluciones habitacionales y proyectar obras de infraestructura básica. Durante la vigencia de la emergencia, el Ejecutivo podría reasignar partidas presupuestarias destinadas a planes de vivienda y servicios esenciales como agua, energía eléctrica, gas y cloacas.

La postura de los inmobiliarios

Desde ACIS aseguran que “la evidencia del propio mercado demuestra que existen numerosas viviendas disponibles tanto para alquiler como para venta”. El verdadero obstáculo es que una gran parte de la población ya no tiene capacidad económica para acceder a ellas. La entidad enumeró las falencias del proyecto: no especifica el monto ni el origen de los recursos, la cantidad de soluciones habitacionales previstas, los plazos de ejecución ni las localidades prioritarias. Tampoco incluye mecanismos concretos para fomentar el crédito hipotecario, incentivar la inversión privada o dinamizar el mercado de alquileres.

Números que explican la crisis

Para respaldar su postura, el sector inmobiliario detalló el desfasaje entre ingresos y costo de vida. La inflación interanual supera el 33%, mientras que los incrementos salariales en muchos sectores apenas llegan al 17%. El deterioro salarial golpea fuerte a los empleados públicos, uno de los sectores con mayor presencia en la provincia. Además, es cada vez más común que dos o tres grupos familiares deban compartir una misma vivienda para afrontar los gastos. Inquilinos con historial de cumplimiento impecable se ven forzados a mudarse a inmuebles de menor valor.

El trasfondo político: retención de fondos a municipios

En paralelo, un fallo judicial habilitó a Vidal a retener fondos de coparticipación a las intendencias. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, denunció que el descuento del 20% impediría pagar los salarios y afectaría servicios y obra pública. Grasso explicó que desde 1995 la Provincia ya retiene un porcentaje para la Caja de Previsión Social, que en el caso de Río Gallegos asciende a unos 931 millones de pesos. “Se hizo una presentación judicial sobre la intangibilidad de los fondos, ya que no se puede descontar lo que no le pertenece al Gobierno nacional ni al provincial”, afirmó. Y agregó: “Es una maniobra de política judicial para doblegar o extorsionar a los intendentes”.