El proyecto de hidrocarburos que Mendoza debate: qué cambia en regalías, multas y Vaca Muerta

El Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para reemplazar la normativa de hidrocarburos que rige desde hace dos décadas y adaptarla a la nueva realidad productiva, tecnológica y normativa de la industria, incluida la Ley Bases.

La iniciativa fue presentada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, acompañada por el presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, y los directores de Hidrocarburos, Lucas Erio, y de Legales, Bruno De Pasquale.

"El objetivo es actualizar la norma a las necesidades actuales de una industria que está pasando por una gran reconversión y en la que Mendoza debe proyectarse para los próximos 50 años", destacó Latorre. La funcionaria agregó que la provincia "seguirá acompañando a las empresas del sector con reglas claras, políticas de largo plazo y ahora con una normativa actualizada a la nueva realidad de la industria".

El texto busca ordenar dos realidades productivas distintas. Por un lado, los yacimientos convencionales maduros de las cuencas mendocinas, donde el desafío pasa por sostener la actividad, recuperar producción y extender la vida útil de los campos. Por otro, el desarrollo no convencional de la lengua mendocina de Vaca Muerta, principalmente en Malargüe, que exige inversiones de mayor escala y plazos largos.

Un nuevo esquema para regalías e inversiones

Uno de los cambios centrales es el sistema de regalías. La ley vigente fija una regalía general del 12% sobre la producción y permite reducirla hasta el 5% según las características de cada proyecto.

La propuesta del Ejecutivo establece una regalía de referencia del 15% para las futuras licitaciones, pero las empresas podrán ofrecer un porcentaje mayor o menor al presentar sus propuestas. Así, la Provincia podrá exigir una participación más alta en proyectos con mejores condiciones económicas o aceptar una menor cuando sea necesario para viabilizar una inversión, por ejemplo en campos maduros o de baja productividad.

La adjudicación no dependerá solo de la regalía ofrecida: también se evaluarán el valor total del proyecto, la producción prevista y las inversiones comprometidas, con un peso preponderante para el monto de inversión.

El proyecto incorpora incentivos para movilizar capital en áreas donde recuperar producción es más complejo. El Ejecutivo podrá fijar reducciones de regalías para la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria, la producción de crudos pesados y los proyectos de recuperación mejorada. En esos casos, las regalías podrán ubicarse incluso por debajo del 5% con fundamento técnico.

También se podrá compensar parcialmente el canon de explotación cuando una compañía realice nuevas inversiones de riesgo exploratorio, siempre que invierta al menos el doble del monto que pretende compensar. Para los permisos de exploración, el canon de una prórroga podrá reducirse hasta un 80%.

Vaca Muerta entra expresamente en la legislación provincial

Otra modificación central es la incorporación de las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que no estaba contemplada en la Ley de 2006. El proyecto habilita la reconversión de concesiones hacia ese régimen de acuerdo con la legislación nacional y establece un marco provincial específico para proyectos no convencionales.

La medida tiene especial relevancia para Malargüe y la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde el desarrollo requiere inversiones intensivas, mayores plazos y condiciones distintas de las de un yacimiento convencional maduro.

Más obligaciones ambientales y reglas para la convivencia con la minería

El texto refuerza las responsabilidades ambientales durante todo el ciclo de vida de los yacimientos, desde la exploración y explotación hasta el cierre y abandono definitivo. Las empresas deberán prevenir y mitigar impactos, realizar monitoreos, recomponer o restaurar el ambiente cuando sea necesario y contemplar el cierre de pozos, instalaciones y ductos, además del saneamiento de pasivos ambientales.

La salida de una empresa de un área no extinguirá las obligaciones ambientales generadas durante su operación. Además, las compañías deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas de carácter público, con información sobre comunidad, ambiente, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad.

La iniciativa también incorpora reglas para ordenar la eventual superposición entre derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos, un escenario que gana importancia ante el avance de la exploración minera en Mendoza. Como principio general, ambas actividades deberán procurar su coexistencia y compatibilización técnica, operativa, ambiental y temporal. La sola superposición no implicará caducidad, extinción ni rechazo de los derechos involucrados: sus titulares deberán intercambiar información y buscar alternativas para desarrollar ambas actividades.

Cuando la convivencia resulte imposible o genere riesgos incompatibles con la seguridad, el ambiente, la integridad de los yacimientos o el aprovechamiento racional de los recursos, el Poder Ejecutivo resolverá con intervención de las autoridades minera e hidrocarburífera y previa audiencia de los interesados.

Multas atadas a la nafta y una nueva tasa de control

La reforma reemplaza el sistema de multas expresadas en pesos, cuyos montos quedaron desactualizados. Las nuevas sanciones se calcularán tomando como referencia el precio de la nafta súper y las infracciones se clasificarán en leves, graves, muy graves y gravísimas. El texto fija criterios para graduar las penalidades según la gravedad y duración del incumplimiento, el daño o riesgo generado, el beneficio económico obtenido, la reincidencia y la conducta de la empresa para subsanar la falta.

Además, se crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera destinada a financiar inspecciones, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. La tasa no podrá superar el 0,8% del monto correspondiente a regalías y/o cánones de cada actividad.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, que tendrá a su cargo el control de la producción y del cumplimiento de las obligaciones de las operadoras, además de la supervisión de los pozos desde su perforación hasta su abandono definitivo en coordinación con la autoridad ambiental.