El proyecto que busca blindar a los policías que reclamaron por sus salarios en Santa Cruz
¿Pensaban que los policías que reclamaron por sus sueldos iban a quedar desprotegidos? Un grupo de diputados presentó un proyecto que busca anular sanciones y devolverles sus derechos. Conocé todos los detalles de esta iniciativa que promete dar que hablar.
Un grupo de diputados provinciales quiere dejar sin efecto cualquier sanción administrativa contra los efectivos que participaron en los reclamos salariales de este año. La iniciativa apunta a declarar nulos los apercibimientos, traslados y descuentos vinculados al conflicto.
Se trata del proyecto N° 408, presentado el pasado jueves en la Cámara de Diputados y girado a comisiones para su análisis. Lleva las firmas de Eloy Echazú, José Bodlovic, Agostina Mora, Daniel Peralta y Carlos Santi.
¿Qué alcance tiene la protección?
La norma propuesta busca blindar a los integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron de las medidas de fuerza iniciadas el 8 de febrero de 2026. Entre las acciones que quedarían sin efecto se cuentan apercibimientos, suspensiones, cesantías, cambios compulsivos de destino, traslados, modificaciones de horarios, recargos de servicio, descuentos salariales, calificaciones desfavorables, anotaciones en legajos y afectaciones en ascensos o promociones.
Además, el proyecto contempla la restitución de la situación administrativa, funcional, económica y escalafonaria previa para quienes hayan sido sancionados. Esto incluiría la devolución de haberes descontados y la rectificación de los legajos correspondientes.
¿Qué rol tendrá el Poder Ejecutivo?
Si la ley se aprueba, el Poder Ejecutivo deberá realizar una revisión integral de todas las actuaciones administrativas vinculadas al conflicto. Posteriormente, tendrá que remitir un informe detallado a la Cámara de Diputados con los resultados de esa revisión.
Los autores del proyecto fundamentaron la medida en el conflicto que durante 2026 involucró a personal policial, penitenciario y sectores vinculados a Bomberos. Durante esos meses se registraron protestas, acampes y negociaciones salariales que pusieron en alerta a toda la provincia.
La protección tendría una vigencia de 18 meses y el objetivo central es impedir represalias administrativas por la participación en los reclamos. Eso sí, la iniciativa aclara que no afecta las facultades del Estado para sancionar conductas ajenas al conflicto salarial.
