El proyecto que busca contener a las familias después de un suicidio en Santa Cruz

La Cámara de Diputados de Santa Cruz recibió un proyecto de ley que propone crear el Programa Provincial de Posvención ante el Suicidio, destinado al acompañamiento de familiares, allegados y comunidades afectadas por un fallecimiento por suicidio.

La iniciativa, registrada bajo el número 601 y presentada por la diputada Rocío García, del bloque Unión por la Patria, tomó estado parlamentario durante la última sesión ordinaria y fue girada a comisiones para continuar con su tratamiento.

El texto define a la posvención como el conjunto de estrategias de intervención y acompañamiento posteriores a un suicidio, orientadas a contener a las personas y comunidades afectadas, reducir posibles impactos adversos y fortalecer las redes de cuidado.

Qué propone el programa

Entre los objetivos se encuentran brindar asistencia temprana, facilitar el acceso a atención interdisciplinaria, establecer mecanismos de seguimiento, fortalecer las redes comunitarias y brindar herramientas a las instituciones alcanzadas por este tipo de situaciones. También contempla promover pautas de comunicación responsable y prevenir nuevas situaciones de vulnerabilidad.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la elaboración de un Protocolo Provincial de Posvención, que sería aplicado dentro del sistema sanitario y podría articularse con establecimientos educativos, ámbitos laborales, instituciones deportivas, organizaciones comunitarias y otros espacios afectados.

Ese protocolo debería establecer procedimientos para la primera intervención, identificación de personas que requieran acompañamiento, orientación y derivación, seguimiento y abordaje específico de niños, niñas y adolescentes. También incorporaría criterios para la comunicación institucional y la articulación comunitaria.

Autoridad de aplicación y plazos

El proyecto establece además que las personas comprendidas deberán acceder de manera oportuna a orientación y atención dentro del sistema público provincial de salud. En caso de convertirse en ley, el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz actuaría como autoridad de aplicación y tendría entre sus funciones promover capacitaciones específicas para los equipos que intervengan en estas situaciones.

La iniciativa invita además a los municipios y comisiones de fomento a adherir al régimen. Los gastos derivados de su implementación serían afrontados mediante una readecuación de partidas presupuestarias y, en caso de sancionarse y promulgarse, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 60 días para reglamentarla.

En los fundamentos, García planteó que las acciones vinculadas con esta problemática no deberían finalizar con la prevención previa a una crisis, sino que también deberían contemplar respuestas para familiares, amistades, compañeros e instituciones luego de un fallecimiento. La legisladora sostuvo que la provincia cuenta con antecedentes en prevención y posvención y propuso establecer una herramienta permanente y protocolizada.

El proyecto quedó girado a las comisiones correspondientes y deberá obtener despacho antes de un eventual tratamiento en el recinto.