El proyecto que busca frenar el chantaje digital en San Juan y que nadie está mirando
Mientras las víctimas de chantaje digital siguen esperando respuestas, un proyecto en Diputados busca ampliar las herramientas del CAVIG. La diputada Lascano explicó por qué la ley actual no alcanza y qué falta para que San Juan actúe con rapidez.
La violencia digital y la difusión no consentida de material íntimo ya no son un problema ajeno. En San Juan, un proyecto de ley busca que los organismos locales tengan herramientas concretas para responder a tiempo. La iniciativa ya está en la Cámara de Diputados y promete cambios en la forma de actuar contra el ciberacoso y la extorsión.
La diputada provincial María Rita Lascano explicó en diálogo con el móvil de Canal 13 que la propuesta ingresó formalmente y se analiza en las comisiones de Mujer, Género y Diversidad y de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Qué se busca cambiar
El eje del proyecto es dotar al Centro de Abordaje de Violencia de Género (CAVIG) de nuevos procedimientos operativos. La idea es habilitar medidas de protección inmediatas frente a situaciones de chantaje, ciberacoso y extorsión virtual, alcanzando tanto a mujeres como a hombres que sean víctimas.
La legisladora también precisó el alcance de la Ley Olimpia (Ley Nacional 26.485), una normativa de orden público que incorpora la figura de la violencia digital al marco legal argentino. Al ser una ley nacional de orden público, no necesita una adhesión conceptual de San Juan: la definición ya rige de forma automática en todo el país.
Por eso, el verdadero debate en la Legislatura pasa por la aplicación técnica dentro del territorio. La iniciativa busca adaptar los protocolos de actuación interna y judicial para que los organismos locales puedan responder con la celeridad que exigen estas problemáticas virtuales.
Un respaldo necesario
«Es una herramienta necesaria que contempla este tipo de violencias que son tan actuales y que están tan vigentes lamentablemente en la sociedad», remarcó Lascano sobre la importancia de contar con un respaldo procedimental claro ante la virulencia que adquieren estos delitos en el entorno informático.
El texto legislativo continuará su debate en las comisiones asignadas para recibir aportes técnicos antes de su tratamiento final en el recinto. De aprobarse, San Juan reforzará su esquema de contención para responder con rapidez frente a los abusos cometidos en plataformas y redes sociales.
