El proyecto que busca terminar con el control de las empresas sobre las tarifas en Tierra del Fuego

Un proyecto legislativo propone crear un ente regulador independiente para los servicios públicos en Tierra del Fuego, sacándole a las empresas el poder de fijar tarifas y resolver reclamos. La iniciativa, impulsada por el legislador Pablo Villegas, busca equiparar la provincia con el resto del país.

La discusión sobre el control de los servicios públicos en Tierra del Fuego vuelve a estar sobre la mesa. Un proyecto de ley, que lleva la firma de Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino, propone la creación de un organismo autónomo que supervise a las empresas prestatarias, participe en la definición de los cuadros tarifarios y funcione como instancia de apelación para los usuarios.

La propuesta, que ya había sido presentada en 2018, sostiene que el actual sistema concentra demasiado poder en las propias compañías. Según Villegas, hoy la misma empresa que brinda el servicio es la que establece las reglas, fija los precios y resuelve los conflictos con los consumidores, dejando a estos últimos sin una instancia imparcial a la cual recurrir.

¿Qué cambiaría con el nuevo ente regulador?

La iniciativa contempla la creación de un organismo con participación de los usuarios, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que tendría la facultad de intervenir en la fijación de tarifas, fiscalizar los planes de inversión de las empresas y aplicar sanciones ante incumplimientos, sin necesidad de que los afectados inicien acciones judiciales.

“La idea es que este ente participe activamente, con intervención de los consumidores, en la fijación del cuadro tarifario y que además tenga un mecanismo muy ágil y expeditivo para resolver reclamos y aplicar sanciones por incumplimientos contractuales”, explicó Villegas, quien remarcó que se busca cambiar la matriz de funcionamiento del sistema actual.

Uno de los puntos más cuestionados es el posible costo de la nueva estructura estatal. Sin embargo, el legislador aclaró que se trata de un órgano reducido, con una estructura mínima, y que no busca “generar un ente burocrático para acomodar amigos de la política”. “Creo que el costo puede afrontarse si se racionaliza el gasto en otras áreas del Estado”, aseguró.

La urgencia ante la llegada de un operador privado

El debate cobra mayor relevancia en el contexto de los cambios previstos en el sistema de generación eléctrica, con la incorporación de un operador privado. Villegas advirtió que “en el corto plazo vamos a tener una empresa privada generando energía eléctrica de manera monopólica y no existe un marco regulatorio específico sobre su actuación”, por lo que resulta indispensable contar con un ente que establezca las reglas del juego.

El legislador también señaló que el modelo vigente deja a los usuarios desprotegidos ante cortes reiterados de luz o agua, ya que no existe un sistema autónomo de reparación. “La empresa que incumple debe hacerse cargo de los daños conforme al régimen de responsabilidad que corresponda y eso tiene que surgir de un marco regulatorio, no de un favor del gobierno de turno”, afirmó.

Finalmente, Villegas se mostró abierto a modificaciones durante el tratamiento legislativo, pero insistió en la necesidad de instalar el tema en la agenda pública. “Los consumidores merecen contar con un organismo que controle a las empresas y garantice una relación más equilibrada con los usuarios”, concluyó.