El proyecto que cambiará las reglas del juego político: ¿Qué se esconde detrás de la reforma electoral?
Un paquete de cambios que promete revolucionar el sistema electoral argentino, pero que esconde negociaciones clave y detalles que pocos conocen. ¿Están preparados los partidos para las nuevas reglas?
El presidente Javier Milei enviará al Congreso Nacional un proyecto de reforma electoral que busca transformar la arquitectura política argentina, pero enfrenta un escenario de negociaciones complejas con gobernadores provinciales que condicionan su apoyo. La propuesta incluye cambios profundos en el sistema de votación, requisitos para partidos y financiamiento político, generando un debate que definirá el futuro electoral del país.
Altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que, hasta la publicación de este artículo, no se había girado formalmente la reforma al Congreso. Se anticipa que la cámara de origen será el Senado, donde el oficialismo buscará consensuar votos con las provincias, actores clave para la aprobación de estas modificaciones.
El paquete presentado por el Poder Ejecutivo elimina el sistema de PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), una medida que según el gobierno permitiría ahorrar más de 200 millones de dólares. En su lugar, se implementaría un mecanismo de avales biométricos para sustituir la afiliación partidaria en papel, buscando erradicar los denominados “sellos de goma” que operan con bajísimos porcentajes de votos.
¿Qué exigencias enfrentarán los partidos políticos?
La reforma eleva significativamente los requisitos para que un espacio político pueda constituirse como partido. Los espacios de distrito deberán demostrar afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral, con un tope máximo sobre dos millones de electores. Para obtener la condición de partido nacional, se requerirá presencia en diez distritos, el doble de lo que exige la normativa vigente actualmente.
Además, la personería jurídica se perderá si el partido no alcanza al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones consecutivas. Estas modificaciones apuntan a reducir la fragmentación política y fortalecer a las agrupaciones con representación real en el electorado.
La Boleta Única de Papel y cambios éticos
La implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) incorpora la opción de votar una lista completa mediante un casillero específico. En casos de simultaneidad electoral, la misma boleta podrá incluir cargos provinciales y municipales junto a los nacionales, simplificando el proceso de votación.
En el apartado ético, la llamada “Ficha Limpia” establece que quienes tengan condena por delito doloso confirmada en segunda instancia quedarán inhabilitados para competir por cargos electivos. Esta restricción también se extiende al Poder Ejecutivo, alcanzando a ministros, secretarios, directores de empresas estatales y funcionarios jerárquicos.
El documento que se pondrá a debate en los próximos meses también modificará la Ley de Financiamiento sobre los Partidos Políticos. La reforma eleva los topes de aportes privados y elimina los límites de gasto de campaña para las agrupaciones, mientras prohíbe las donaciones de personas procesadas por delitos tributarios, lavado de activos, narcotráfico, fraude contra la administración pública y otros delitos graves.
Las agrupaciones que incurran en infracciones graves o no justifiquen el origen de los fondos podrán perder el financiamiento público entre uno y cuatro años. El aporte estatal se concentrará en un único pago anual y se elimina la publicidad gratuita en medios audiovisuales.
¿Qué otras novedades incluye el proyecto?
Una novedad que se incorpora es que tampoco será obligatorio el debate presidencial, dejando esta decisión en manos de los candidatos y partidos políticos. En el plano internacional, la reforma suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral simultánea en todo el bloque, denominada “Día del Mercosur Ciudadano”.
Mientras tanto, los representantes argentinos serán designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad política y percibiendo únicamente viáticos por asistencia.
El trasfondo político de las negociaciones
El anuncio de Javier Milei representa un giro en la estrategia del oficialismo, que ahora busca instalar la discusión pública sobre la reforma política. Según fuentes de Casa Rosada, la presentación anticipada del proyecto responde a la intención de acelerar el debate y condicionar el calendario electoral del próximo año.
Las negociaciones para aprobar la reforma no están cerradas. En el gobierno admiten que no han iniciado un diálogo profundo con las provincias y que el avance dependerá de acuerdos futuros. Existen provincias que colaboran abiertamente con el oficialismo y otras que mantienen una postura expectante, especialmente en torno a la eliminación de las primarias.
“No hay postura de si PASO sí o no, porque no está resuelto cómo vamos a votar el año que viene a nivel provincial”, explicó a Infobae un referente de un distrito patagónico.
¿Quiénes liderarán las negociaciones?
La mesa política del oficialismo, integrada por figuras como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el ministro del Interior Diego Santilli y los dirigentes Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, será la encargada de articular la búsqueda de consensos. La expectativa está puesta en la reunión del próximo viernes en Casa Rosada, donde se definirá la estrategia para impulsar los proyectos en ambas cámaras del Congreso.
Algunos gobernadores, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), ya han mantenido contactos con el Ejecutivo para explorar acuerdos. Cornejo, por ejemplo, se opone a suspender las PASO en su provincia, mientras que Frigerio se muestra dispuesto a negociar. En el horizonte inmediato, el gobierno planea sumar a la conversación a mandatarios como Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco).
Las definiciones sobre candidaturas, alianzas y estructura política se pospondrán hasta después del Mundial de Fútbol, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. El oficialismo estima que durante ese periodo la actividad política se ralentizará y que los distintos espacios también esperarán para formalizar sus estrategias.