El proyecto que pone al agua en el centro de la escena: 24 a 11 y la pelota pasa al Senado

Veinte diques, 4.400 kilómetros de acueductos y un dato que lo cambia todo: el 80% del agua de San Luis se va a la producción. La Legislatura dio el primer paso y ahora la pelota pasa al Senado.

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El proyecto que pone al agua en el centro de la escena: 24 a 11 y la pelota pasa al Senado
El proyecto que pone al agua en el centro de la escena: 24 a 11 y la pelota pasa al Senado

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó por 24 votos contra 11 el proyecto de ley que declara el Plan Maestro del Agua 2025-2035, una iniciativa que el gobernador Claudio Poggi envió a la Legislatura para ordenar el uso y la administración del recurso hídrico durante la próxima década.

La propuesta busca acompañar el crecimiento poblacional y productivo de la provincia con una planificación que fije prioridades, metas y herramientas de control. Ahora el texto pasa al Senado, donde deberá obtener la sanción definitiva para convertirse en ley.

Los argumentos que expuso Gallardo

La diputada Eugenia Gallardo fue la encargada de fundamentar el proyecto ante sus pares. “Es un proyecto de gestión que traza un rumbo hacia el futuro de la provincia de San Luis respecto de un recurso que se agota, un recurso fundamental y estratégico para el crecimiento y el desarrollo”, sostuvo en el recinto.

Según la legisladora, contar con una planificación de largo plazo aporta seguridad jurídica, previsibilidad, transparencia y continuidad. También permite que las empresas interesadas en invertir en San Luis conozcan de antemano las condiciones vinculadas con la disponibilidad y el uso del agua.

“Es una importante herramienta de gestión porque trasciende las gestiones gubernamentales”, agregó.

Un diagnóstico con números concretos

El plan fue elaborado con el aporte técnico del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y un proceso participativo que incluyó 65 encuentros territoriales, más de 200 entrevistas y talleres. Participaron municipios y organismos como el SENASA, el CONICET, la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y el INTA.

El punto de partida fue un diagnóstico sobre la disponibilidad de agua y las necesidades de los distintos sectores. Se analizaron las precipitaciones, el agua almacenada en los embalses, los recursos subterráneos y la demanda para consumo doméstico, ganadero, agrícola e industrial.

“Sabemos que el 20% de este consumo es poblacional y que el 80% del consumo va a fines productivos”, precisó Gallardo. En una provincia de clima árido y semiárido, remarcó, administrar el recurso con eficiencia es clave.

La infraestructura y los desafíos pendientes

La diputada detalló que San Luis cuenta con 20 diques que suman 470 hectómetros cúbicos de capacidad, 4.400 kilómetros de acueductos y 700 kilómetros de canales. Entre las necesidades identificadas mencionó el mantenimiento de esa red, la incorporación de instrumentos para medir la entrada y salida de agua y un mayor control de las perforaciones y los consumos.

El proyecto aprobado organiza el trabajo en cuatro ejes: garantizar el agua para las comunidades urbanas, promover el uso sostenible de los recursos superficiales y subterráneos para la producción, proteger las cuencas y fortalecer la gestión hídrica.

Entre las acciones previstas, Gallardo mencionó la modernización de los canales de los consorcios Quines-Candelaria y Renca-Santa Rosa. También la actualización de los estudios sobre profundidad y capacidad de almacenamiento de los embalses, que deberán repetirse cada cinco años.

Equipamiento y mirada constitucional

Durante la elaboración del plan, el Gobierno provincial avanzó con la compra de equipamiento y la incorporación de herramientas de medición. Una de esas acciones fue la instalación de once nuevas estaciones pluviográficas, coordinadas con la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), para medir las precipitaciones y mejorar la gestión operativa de los embalses.

En línea con estos objetivos, el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobernador propone jerarquizar el agua como derecho humano y recurso estratégico. Su administración quedaría en manos de un funcionario técnico con idoneidad acreditada, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y un mandato de cinco años.

Con información de Agencia San Luis.

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