El proyecto que puede vaciar el ISJ: ¿libertad de elección o desguace encubierto?

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Federico Canedi, presentó un proyecto de ley que promete sacudir los cimientos del sistema de salud jujeño: nada menos que eliminar la afiliación obligatoria al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ). La propuesta, que se vende como una victoria de la 'libertad de elección', esconde una lógica que, según advierten sus críticos, podría dejar al organismo al borde del colapso. ¿Qué hay detrás de esta iniciativa que promete revolucionar la obra social provincial?

Canedi propone que cada empleado público pueda optar por otra obra social o una prepaga privada, en lugar de aportar obligatoriamente al ISJ. La idea suena atractiva en un tuit, pero al analizarla con detenimiento, se desmorona: el proyecto, lejos de ampliar opciones, podría desfinanciar al Instituto y perjudicar a los que menos tienen.

¿Cómo funciona el sistema solidario del ISJ?

Una obra social no es un club de membresía voluntaria. Es un pacto de solidaridad donde los que más ganan aportan más, los sanos sostienen a los enfermos y los jóvenes a los mayores. Ese acuerdo es lo que permite que un jubilado con una cirugía cardíaca o un chico con una enfermedad crónica reciban cobertura sin que su bolsillo decida si viven o mueren.

El sistema se sostiene porque todos los aportes, sin importar el sueldo, van a una misma bolsa. Para entenderlo, un ejemplo: un empleado que gana un millón ochocientos mil pesos aporta alrededor de ciento ochenta mil pesos al ISJ, mientras que un funcionario con ingresos cercanos a los cinco millones aporta unos quinientos mil. Son esos aportes de los sueldos altos los que compensan el costo de atender a quienes ganan menos y se enferman más.

¿Qué pasa si ese funcionario de cinco millones puede llevarse su aporte a OSDE o Swiss Medical? Se va. Y con él, se van los aportes de todos los que pueden pagar una prepaga y, en general, gozan de mejor salud. Lo que queda adentro del Instituto es la porción de afiliados con salarios más bajos y mayor consumo de prestaciones. Es matemática de seguros elemental: cuando el riesgo bueno se va y el malo se queda, la prima sube o el sistema colapsa. No hay ingeniería financiera que evite ese desenlace.

Llamar a esto 'libertad de elegir' es, como mínimo, deshonesto. Es libertad para el que ya tiene con qué elegir, pero para el policía, el docente o el administrativo con sueldo de bolsillo no hay opción real: no podrán pagar una prepaga sin el aporte estatal que hoy sostiene al Instituto, y quedarán atados a un ISJ cada vez más pobre, con menos recursos y peores prestaciones. El 'sueño libertario' terminaría siendo una obra social de pobres para los pobres, mientras los sueldos altos se refugian en el sistema privado.

El ISJ, con las falencias que cualquier organismo de esa escala puede tener, es hoy una de las obras sociales provinciales más consolidadas del país, con décadas de historia sosteniendo la salud de miles de familias jujeñas. Vaciarlo de sus aportantes de mayores ingresos no es modernizarlo: es condenarlo a una espiral de desfinanciamiento de la que no hay retorno fácil. Cuando falten los recursos, no van a faltar para los que se fueron a una prepaga; van a faltar para el que se quedó, que es, casi siempre, el que menos margen tiene para bancarse la diferencia.

La otra cara: la mala gestión del gobierno provincial

Defender al ISJ como si fuera un organismo intachable sería un error y una falta de honestidad intelectual, sobre todo cuando la administración del gobierno provincial ha sido, en este terreno, francamente deficiente. No se puede soslayar que el gobierno jujeño ha demostrado ser un pésimo administrador del Instituto, y esa ineficiencia es el caldo de cultivo perfecto para que proyectos como el de Canedi ganen tracción.

Las demoras en las autorizaciones, los reclamos crónicos por prestaciones, la lentitud administrativa y la sensación instalada de que 'en el Instituto todo cuesta más' no son inventos de sus críticos: son el combustible que le da oxígeno a la idea de desguace. Cada trámite mal resuelto, cada afiliado que tiene que pelear por una prestación que le corresponde, es un argumento gratis para quienes quieren desarmar el sistema, y ese argumento se lo ha regalado el propio gobierno con su gestión clientelar y desprolija.

Ahí está el verdadero campo de batalla, y no es el de la afiliación obligatoria sino el de la profesionalización, algo que la actual administración ha descuidado sistemáticamente. Un instituto que administra los aportes obligatorios de decenas de miles de familias jujeñas no puede manejarse con criterios de reparto de cargos ni como caja de acomodo político de turno, y sin embargo eso es exactamente lo que ha ocurrido durante años: direcciones ocupadas por leales antes que por idóneos, contrataciones sin criterio técnico, y una gestión que prioriza la fidelidad política por encima de la eficiencia sanitaria.

El ISJ necesita lo que necesita cualquier organización que gestiona recursos sanitarios de esa escala: direcciones técnicas ocupadas por gente idónea en administración de salud, auditoría médica seria y permanente, sistemas de compras transparentes y auditables, control de gestión con indicadores públicos, y continuidad de los equipos técnicos más allá de qué signo político gobierne la provincia. La salud de la gente no puede depender de a quién le tocó el sillón después de la última elección, y mucho menos de una gestión que ha demostrado una y otra vez ser incapaz de resolver los problemas de fondo.

Sacar la política partidaria de la administración del Instituto no es una concesión a sus críticos: es la condición indispensable para poder defenderlo con autoridad moral, y es también la deuda más grande que el gobierno provincial tiene con los afiliados. Mientras la gestión del ISJ siga siendo terreno de disputa de espacios políticos, con designaciones por lealtad antes que por capacidad, cada escándalo administrativo va a seguir siendo usado, con razón, como munición para el discurso de 'hay que privatizar todo'. La mejor defensa de la obra social pública no es solo argumental: es que funcione bien, que rinda cuentas, que se note en la calidad de la atención que recibe cada afiliado, y eso exige una administración que el gobierno actual, lamentablemente, no ha sabido dar.

Ahí está la diferencia entre hacer política de salud y hacer política con la salud. Hacer política de salud es diseñar un sistema solidario, sostenible, con reglas claras y gestión profesional, pensado para durar más que un mandato. Hacer política con la salud es usar el Instituto, desde cualquier vereda, como botín de designaciones, como bandera electoral o como excusa ideológica, sin importar qué le pasa en el medio al afiliado que necesita un turno, un medicamento o una cirugía. Y en este caso, el gobierno provincial ha sido el primero en usar el Instituto como moneda de cambio, descuidando su gestión y regalándole así a los libertarios la coartada perfecta para su proyecto de desguace.

El proyecto de eliminar la afiliación obligatoria no resuelve nada de eso: vacía al Instituto de sus aportantes de mayores ingresos y lo condena a una crisis financiera sin haber tocado un solo problema de gestión real. Es pan para hoy, para el que se puede ir, y hambre para mañana, para el que se queda. La respuesta seria, la que Jujuy se merece, no es ninguna de las dos salidas fáciles: ni el desguace vía 'libre elección' que solo beneficia a los sueldos más altos, ni la defensa acrítica de un status quo con problemas reales de eficiencia que el propio gobierno no ha sabido corregir. Es exigir, al mismo tiempo, que la afiliación obligatoria y solidaria se mantenga como pilar del sistema, y que la administración de esos recursos se profesionalice de una vez, con controles, con concursos, con gente idónea y con las manos de la política partidaria bien lejos de las decisiones técnicas. Eso, y no la fuga de los que más aportan, es lo que va a determinar si dentro de diez años el ISJ sigue siendo una obra social consolidada o una más de las que se recuerdan solo por sus crisis.