Diez años y chau: la oposición quiere que los jueces de Río Negro dejen de tener el cargo de por vida. El proyecto ya está en la Legislatura y apunta directo al Superior Tribunal de Justicia, en medio de una denuncia por mal desempeño.
El Poder Judicial de Río Negro arrastra años de cuestionamientos sociales, igual que los otros dos poderes del Estado provincial. Pero hay una asimetría que la oposición quiere cortar de raíz: legisladores y funcionarios del Ejecutivo tienen mandatos con fecha de vencimiento, mientras que los jueces conservan sus cargos de por vida, salvo que un juicio político o el Consejo de la Magistratura los saque.
Con ese argumento, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, presentó a fines de octubre un proyecto de ley para enmendar los artículos 204, 211 y 217 de la Constitución provincial. Son, precisamente, los que regulan la designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de los jueces y del Procurador General.
Qué cambia para el Superior Tribunal de Justicia
La iniciativa propone que los vocales del STJ sean designados por diez años y que no puedan repetir en el cargo por un nuevo período. Hoy, las juezas Liliana Piccinini y Cecilia Criado y sus pares Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y Sergio Ceci permanecen en sus sillones hasta jubilarse, renunciar o ser removidos por juicio político.
Los tres primeros llevan más de una década en el máximo tribunal: Barotto, Piccinini y Apcarian llegaron entre 2012 y 2013. Criado y Ceci, en cambio, tienen mucha menos antigüedad.
Los jueces de instancias inferiores podrán revalidar
Para los magistrados que designa y destituye el Consejo de la Magistratura, el proyecto fija también mandatos de diez años, pero con una diferencia clave: un año antes de que venza el período, el Consejo deberá convocarlos a un proceso de validación por otro lapso igual.
“En caso de no validar, cesará de pleno derecho al cumplirse el período y se procederá a un nuevo concurso. Las y los jueces pueden concursar de manera sucesiva hasta el límite de edad”, reza el texto de la iniciativa.
El Procurador, sin reelección consecutiva
El Procurador General también sería designado por diez años, a través del Consejo de la Magistratura grande, y no podría ser reelecto de manera consecutiva. Para el resto de los funcionarios del Ministerio Público —fiscales, fiscales adjuntos, defensores y defensores adjuntos, entre otros— se plantea el mismo esquema de diez años con validación un año antes del vencimiento.
“En caso de no validar, cesa de pleno derecho al cumplirse el período y se procede a un nuevo concurso. Podrán concursar de manera sucesiva hasta el límite de edad”, propone el proyecto.
Cómo se cambia la Constitución
La enmienda no depende solo de la Legislatura. La Constitución rionegrina exige que la reforma de un artículo y sus concordantes se sancione con el voto de dos tercios de los miembros del cuerpo. Después, el texto debe quedar ratificado por la mayoría del pueblo, convocado a un referéndum o en la primera elección provincial que se realice.
Para que esa consulta sea válida, los votos emitidos deben superar el 50% de los electores inscriptos en los padrones de la provincia.
Los argumentos de Berros
En los fundamentos, el legislador sostuvo que “la gran reforma pendiente en la Argentina y también en la mayoría de sus provincias, es en lo que atañe al Poder Judicial”. Y advirtió que su funcionamiento “dista mucho del pensado originariamente, quedando anacrónico, lejano de las nuevas metas de la sociedad”.
“Mediante el presente proyecto proponemos una enmienda constitucional en el sentido republicano de la periodicidad de los mandatos de los miembros del Poder Judicial, único Poder que detenta constitucionalmente la designación vitalicia sin estar sujeto a evaluaciones periódicas”, señaló.
Berros argumentó que “ante una nueva realidad social y cultural que demanda representantes legítimos, el carácter vitalicio de quienes integran el Poder Judicial resulta contrario a las exigencias actuales”. Y agregó: “La periodicidad en los mandatos, con la exigencia de revisión y actualización para su renovación, permite la saludable renovación. Por contrario, la duración vitalicia, el continuismo, tiende a provocar que se desarrollen elementos negativos, generar la aparente creencia de la posesión personal del poder”.
Como antecedente citó las reformas de La Rioja y Salta. “En ambas se estableció que los magistrados del más alto tribunal provincial duraban seis años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. La Rioja avanzó aún más en su reciente reforma y lo amplió a todos los magistrados y magistradas”, destacó.
Para el legislador, “la inamovilidad no exige un cargo de por vida, sino un sistema jurídico Institucional que cree las condiciones necesarias para que los jueces se desempeñen bien y legalmente, de manera independiente y sin injerencia o presión de poderes externos, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley”.
También aseguró que “el sistema de selección de magistrados debe estar ligado, principalmente, a virtudes tales como la idoneidad, la eficiencia, el conocimiento del derecho, el compromiso ético republicano, la tutela de los derechos humanos”. Y aclaró que “la evaluación periódica pautada institucionalmente que aquí se propone permite mantener actualizado los valores y principios de un Poder Judicial más cercano a sus justiciables”.
El proyecto no es nuevo: Berros recordó que ya lo había presentado en 2024, cuando no tuvo “la debida consideración parlamentaria”. Ahora lo retoma “ante la persistente necesidad de avanzar hacia un sistema de designación y permanencia de los jueces y juezas del Poder Judicial determinada por una periodicidad de duración en los cargos como mecanismos de evaluación de su desempeño y renovación”.
La denuncia que complica al STJ
La ofensiva opositora no se limita al proyecto de enmienda. Berros y otros nueve legisladores de Vamos con Todos y Cambia Río Negro denunciaron días atrás a Piccinini, Criado, Apcarian y Ceci ante la Sala Acusadora de Juicio Político de la Legislatura por presunto “mal desempeño”. Pidieron investigar si sus decisiones comprometieron “la independencia judicial” y la “participación democrática”. En la presentación incluyeron al vocal subrogante del STJ Adrián Zimmermann, juez del Tribunal de Impugnación Provincial.
El detonante fue la sentencia del STJ que anuló el fallo del Tribunal de Impugnación que había confirmado la absolución del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, acusado por peculado. Ahora, el máximo tribunal ordenó que otros jueces analicen si los hechos que se le atribuyen podrían encuadrarse como malversación de caudales públicos.
Además, el STJ convocó a una audiencia para el 12 de noviembre para revisar la absolución de la exintendenta de Bariloche, la peronista María Eugenia Martini, imputada de defraudación en perjuicio de la administración pública y peculado en la megacausa conocida como Techo Digno.
