El Puerto de Ushuaia bajo la lupa: ¿qué se esconde detrás de la intervención nacional?

El Puerto de Ushuaia volvió a ser noticia nacional tras un informe de C5N que puso en tela de juicio la intervención del Gobierno, el manejo de fondos y el desplazamiento de trabajadores. La terminal, vital para la economía fueguina, está en el ojo de la tormenta.

La administración de Javier Milei tomó el control del puerto el 20 de enero, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. La medida se justificó en supuestas irregularidades financieras y estructurales, pero desde Tierra del Fuego la rechazaron y acudieron a la Justicia.

¿Qué denunció el informe?

Uno de los puntos más llamativos es el aumento del servicio de limpieza, que habría pasado de $6,5 millones a $563 millones en solo seis meses. Ese incremento disparó las sospechas sobre cómo se están usando los recursos del puerto.

Además, la intervención dejó a 140 trabajadores afuera, a la espera de una resolución judicial para volver a sus puestos. La situación generó protestas y un clima tenso dentro de la terminal.

Un empleado afectado contó que fue tratado "como si fuera una basura" durante el desalojo. El periodista Guillermo Worman agregó en el informe: "La Prefectura impidió el ingreso de las autoridades provinciales al puerto y de los trabajadores. Solamente un grupo de 16 trabajadores, en complicidad con el Gobierno, pudieron ingresar. Y sigue así hasta hoy".

¿Por qué es tan importante este puerto?

El Puerto de Ushuaia no es cualquier terminal. Está sobre el Canal de Beagle y es la puerta de entrada a la Antártida, lo que lo convierte en un punto estratégico para el turismo, el comercio y la logística militar.

Según los datos difundidos, recibe unos 700 buques y 250.000 turistas por año, con una rentabilidad estimada en $22.000 millones. Esos números explican por qué su control genera tanta disputa.

El informe también mencionó que, seis días después de la intervención, un avión militar de Estados Unidos con congresistas aterrizó en Ushuaia. Ese hecho abrió interrogantes sobre posibles intereses logísticos y militares en la región, aunque no se confirmó ninguna irregularidad.

También se mencionó a empresarios y funcionarios como Nicolás Caputo, Gustavo Elías, Iñaki Arreseygor y el interventor Fernando Ariel Polici, en relación con posibles vínculos económicos. Pero esos señalamientos son parte de las denuncias, no pruebas concretas.

La pelea entre Nación y la provincia sigue abierta, mientras la Justicia analiza los planteos. La incógnita es qué pasará con los trabajadores, los contratos y el futuro de un puerto que es clave para Tierra del Fuego.