El puerto de Ushuaia sigue intervenido: la obra que Nación prometió aún no se hizo
La ANPYN extendió la intervención del Puerto de Ushuaia sin fecha de cierre y la ató a un plan de obras que todavía no se ejecutó. ¿Qué pasó con las defensas del muelle y las contrataciones bajo sospecha?
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) prorrogó la intervención del Puerto de Ushuaia sin fecha de finalización. La medida se formalizó a través de la Resolución 69/2026, firmada el 18 de noviembre por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Arreseygor, y condiciona el cierre de la intervención a la ejecución de un plan de obras que aún no se completó.
La intervención había comenzado el 20 de enero, con un plazo original de doce meses, bajo el argumento de graves problemas estructurales en el muelle comercial, deficiencias operativas y presuntas irregularidades en el uso de los recursos portuarios. Casi diez meses después, las mejoras que Nación presenta como logros de su gestión se limitan a iluminación, señalización, demarcación de espacios, mantenimiento edilicio y adecuación de sectores de circulación.
La propia resolución reconoce que todavía deben ejecutarse obras de importancia: reparaciones en los sitios 1, 3 y 5 del muelle comercial, el recambio de defensas, la renovación de redes eléctricas y de agua, la adecuación del sistema contra incendios y trabajos en el muelle de catamaranes. El contraste entre el diagnóstico inicial y lo efectivamente realizado abre interrogantes sobre la magnitud y urgencia de las deficiencias que justificaron la intervención.
Licitaciones bajo la lupa
La gestión nacional también enfrenta cuestionamientos por los procedimientos de contratación. En junio, Salvador De Gaetano, director de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Puertos, objetó la licitación para reemplazar las defensas del muelle. Advirtió sobre posibles sobredimensionamientos, errores de diseño y falta de participación de los organismos técnicos provinciales.
Según explicó, la Provincia había proyectado reemplazar 94 defensas por aproximadamente 2 millones de dólares, mientras que Nación licitó 75 unidades con un presupuesto base de 2,3 millones de dólares. También cuestionó una partida cercana a los 1.000 millones de pesos para reparaciones estructurales cuya definición técnica consideró insuficiente.
Otro procedimiento observado fue la adjudicación, en julio, de un relevamiento de infraestructura y regularización dominial por 80 millones de pesos más IVA a Nadir Soluciones Integrales SAS, única oferente. La contratación se produjo seis meses después de que Nación interviniera el puerto alegando conocer la gravedad de sus deficiencias. La misma empresa obtuvo luego otra adjudicación por 2.550 millones de pesos para relevamientos georreferenciados de infraestructura portuaria de alcance nacional, nuevamente como única oferente.
A estos antecedentes se suman cuestionamientos de trabajadores portuarios sobre los costos de servicios contratados durante la intervención. Señalaron que el presupuesto anual de Higiene y Seguridad pasó de unos 25 millones a 304 millones de pesos, y que el de limpieza y mantenimiento aumentó de menos de 70 millones a cerca de 500 millones.
Fondos públicos y control judicial
La intervención también se fundamentó en la presunta utilización de ingresos portuarios para fines ajenos a la actividad específica. Sin embargo, hasta el momento no se identificó públicamente una denuncia penal nacional por esos hechos que permita conocer responsabilidades concretas y el eventual perjuicio económico.
En cambio, la administración nacional enfrenta reclamos judiciales para que informe cómo utiliza los recursos que recauda. El Tribunal de Cuentas provincial presentó un amparo por mora para acceder a documentación sobre ingresos, gastos, transferencias y contrataciones. Por otra parte, la Justicia Federal hizo lugar a un amparo promovido por el Diario del Fin del Mundo para obtener información económica y administrativa de la intervención.
La nueva resolución señala que las inversiones se financian con las tarifas cobradas a los usuarios del puerto, pero no informa cuánto se recaudó, qué monto fue efectivamente invertido ni cuánto demandará completar el plan de infraestructura. De esta manera, Nación prolonga su control sobre una terminal estratégica sin precisar cuándo concluirá la intervención ni presentar un balance económico integral de su gestión.
La continuidad de la administración nacional queda vinculada a obras que todavía deben ejecutarse y cuyo financiamiento proviene de la propia actividad portuaria. La publicación de los estudios técnicos, las contrataciones y las rendiciones de cuentas resulta indispensable para determinar si los resultados obtenidos justifican mantener desplazadas a las autoridades provinciales.