El puerto de Ushuaia sigue intervenido y los trabajadores pagan el costo: la advertencia de ATE

La pulseada por el control del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo: desde ATE Río Grande reclamaron una resolución judicial urgente que devuelva la terminal a la órbita provincial. La intervención nacional, en marcha desde enero, mantiene a un grupo de empleados apartados de sus tareas y con los salarios a cargo del Gobierno fueguino.

El secretario de Finanzas del gremio, Carlos Margalot, fue quien puso la urgencia sobre la mesa. Para el dirigente, sin una decisión rápida de los tribunales el escenario no va a moverse. "Si la Justicia no se expide de una manera rápida, esto va a seguir de la misma manera, o sea, no va a cambiar hasta que la Justicia nos diga que el puerto tiene que pasar a la provincia", advirtió.

Una demanda que espera respuesta

El Gobierno de Tierra del Fuego ya presentó una demanda para terminar con la intervención. Sin embargo, según Margalot, las reuniones y los reclamos públicos no alcanzan si no hay un fallo que los respalde. El paso del tiempo, evaluó, juega a favor de la conducción nacional y extiende el desplazamiento de los trabajadores.

El sindicalista también apuntó contra el argumento que se usó para intervenir el puerto: el supuesto desvío de fondos. "Hasta el día de hoy no se comprobó nunca", sostuvo, y pidió que la Justicia se expida sobre ese punto. En esa línea, adelantó que no consideraría legítimo un fallo que convalidara la intervención si los desvíos denunciados no quedan acreditados.

Qué reclaman para el organismo

El planteo de ATE no se limita al edificio: exige recuperar la estructura completa de la Dirección Provincial de Puertos. "Que se vuelva todo, digamos, que tenga lo que es una organización como venía teniendo antes, con el presidente, con un vicepresidente, con toda la estructura que tiene cualquier ente del gobierno de la provincia", reclamó Margalot.

La restitución de las autoridades está atada, según el dirigente, al regreso de los empleados apartados a sus puestos habituales. Y ahí apuntó a un sector interno: cuestionó que un grupo de trabajadores de la propia terminal haya acompañado el ingreso de la conducción nacional y el desplazamiento de sus compañeros. Para Margalot, esa situación no puede sostenerse y el organismo debe volver a funcionar bajo responsabilidad provincial.

El año que viene, la gran incertidumbre

La preocupación gremial tiene un horizonte concreto: 2027. Alrededor de un centenar de trabajadores enfrenta un futuro laboral incierto si la intervención continúa. Margalot diferenció a quienes siguen trabajando dentro del puerto de los que permanecen fuera de la actividad, cuyos salarios paga la Provincia.

"La primera necesidad es proteger a los trabajadores que hoy en día están en su casa, que hoy en día lo está pagando el gobierno de la provincia pero el año que viene no sabemos qué va a pasar", alertó. Para el dirigente, sostener esos ingresos es una obligación inmediata del reclamo gremial mientras se busca normalizar la situación.

La lectura política y el silencio que preocupa

Margalot atribuyó la permanencia del control nacional a una decisión política del Gobierno de Javier Milei. "Yo veo que es una decisión muy política de este gobierno nacional", afirmó, y manifestó su preocupación por el silencio que, a su juicio, existe en distintos sectores frente a la intervención.

Respecto de las protestas, consideró que pueden acompañar el reclamo pero no alcanzan por sí solas para cambiar quién administra la terminal. "Podemos estar uno o dos meses metidos dentro de lo que es el puerto, pero va a seguir intervenido igual. O sea, no va a cambiar en nada lo que es la intervención", señaló.

Por eso, el próximo paso será una reunión provincial de ATE esta semana. Allí evaluarán si presentan una acción judicial que acompañe la demanda del Gobierno fueguino y definirán nuevas medidas de protesta. "Si iniciamos o no lo que son las acciones legales para que vuelva el puerto a la provincia", explicó el dirigente sobre el debate que se viene.