El pulso que paraliza los puertos: la desregulación del practicaje que tiene en vilo al comercio exterior

La decisión del Gobierno de Javier Milei de desregular el servicio de practicaje encendió una mecha que ya se siente en toda la cadena productiva. Más de 140 buques permanecen varados y el costo diario por embarcación puede superar los 100.000 dólares, mientras los profesionales del sector mantienen un lock-out por tiempo indeterminado.

El Decreto 690/2026, firmado por el presidente, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, derogó el histórico Decreto 2694/91 y habilitó cambios de fondo: eliminación de restricciones de acceso al sistema, contratación directa de prácticos, tarifas máximas fijadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y la posibilidad de que capitanes, incluso extranjeros, operen sin prácticos si acreditan conocimiento de la zona.

La medida de fuerza, que afecta desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, tiene su epicentro en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Granos, combustibles y otras mercaderías permanecen detenidos, y la preocupación crece en el sector agroexportador.

¿Qué dice el Gobierno?

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca “reducir los costos logísticos, eliminar barreras de entrada y mejorar la competitividad del sistema portuario argentino”. Sin embargo, los gremios y asociaciones profesionales la califican como un riesgo para la seguridad de la navegación y una pérdida de condiciones para una actividad estratégica.

Rechazo contundente y anuncio de acciones legales

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante ya adelantó que recurrirá a la Justicia Federal con una acción de amparo y presentará una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto, al considerar que compromete la seguridad náutica en los ríos argentinos.

El capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, fue más allá: “Deroga la ley de Cabotaje Nacional, que es la que reserva para buques de bandera argentina y titulaciones argentinas todo el comercio que se hace entre puertos argentinos”, explicó al portal Ser Industria. Y sentenció: “La situación es muy delicada; nosotros decimos que es el tiro de gracia a la Marina Mercante”.

El dirigente advirtió que, si la normativa avanza, podrían operar en el país buques de bandera extranjera con menores costos laborales e impositivos y estándares de seguridad diferentes, dejando a la flota nacional en una situación de extrema vulnerabilidad.

Los agroexportadores, en alerta

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), precisó que ya hay más de 45 barcos demorados y que, si el conflicto no se resuelve, se sumarán unos 30 por día. “Cada demora de barco es como un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día”, graficó.

Desde CIARA-CEC aclararon que no se trata de un reclamo salarial ni de una disputa con el sector agroexportador, sino de un servicio que brindan los prácticos a las agencias marítimas. La preocupación central es la reputación internacional del país como proveedor de materias primas: “Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación, lo que beneficiaría a competidores directos como Brasil”, advirtió Idígoras.

El Gobierno presiona con intimaciones

La Prefectura Naval Argentina comenzó a enviar cédulas de “intimación perentoria” a 536 prácticos para que retomen el servicio, bajo el argumento de que el practicaje es un servicio público esencial. Además, advirtió que, si continúa la interrupción, se podrán iniciar sumarios administrativos y formular denuncias penales, invocando artículos del Código Penal que prevén penas de hasta ocho años de prisión por entorpecimiento del transporte por agua.

El escenario quedó planteado en varios frentes: el conflicto operativo en los puertos, el enfrentamiento entre el Gobierno y los profesionales, las acciones judiciales que preparan las entidades y la creciente preocupación de quienes necesitan que las vías navegables funcionen para sostener las exportaciones.

Santa Cruz, al margen

Mientras el conflicto sacude a los principales nodos portuarios del país, los puertos de Santa Cruz operan con total normalidad. Así lo confirmó Walter Uribe, coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), quien señaló que la medida de fuerza no generó inconvenientes en las terminales provinciales.

Caleta Paula, en Caleta Olivia, Puerto Deseado, Puerto San Julián y Punta Quilla, este último en la desembocadura de los ríos Santa Cruz y Chico, mantienen su actividad habitual vinculada a la pesca, la logística y las cargas mineras e hidrocarburíferas.