El que sale no vuelve a entrar: la orden de la Fiscalía en la usurpación del oeste

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén redobló la apuesta en la disputa por el predio del oeste de la capital: pidió a la Policía que blinde el ingreso de nuevas personas y elementos al lote usurpado desde el martes pasado. La medida, que se enmarca en la causa iniciada por el propietario del terreno de casi ocho hectáreas, se suma a la orden de desalojo que había dictado el fiscal Juan Manuel Narváez con un plazo de 48 horas.

Sin embargo, el desalojo quedó en suspenso y durante el fin de semana se intentó que los ocupantes se fueran por sus propios medios. Las estimaciones oficiales hablan de más de 100 personas, entre adultos y niños, instaladas en el lugar. Este lunes al mediodía, efectivos policiales notificaron las nuevas instrucciones a quienes permanecían dentro del lote.

¿Qué dice la Fiscalía?

La consigna fue clara y contundente: "El que sale no puede volver a entrar". Así lo transmitieron los uniformados durante el encuentro de este lunes. Desde el Ejecutivo provincial, en tanto, remarcaron que ninguno de los ocupantes figura en el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi) y que la permanencia constituye una usurpación.

El Gobierno provincial aseguró que mantendrá abierto el diálogo, pero dejó en claro que el acceso al registro es una condición para cualquier respuesta habitacional. La medida apunta a evitar que el conflicto escale y a descomprimir una situación que ya lleva casi una semana.

El IPVU, en la mira

El viernes, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) se presentó en la causa y denunció una ocupación ilegítima sobre un inmueble con el que tiene un vínculo patrimonial. El organismo tiene planes concretos para esas tierras: la construcción de 240 viviendas y 10 dúplex, con el Ruprovi como referencia para el acceso habitacional.

Según el Gobierno, la ocupación se produjo pocos días antes del inicio de trabajos preliminares, que incluían movimiento de suelos y colocación de un cerco perimetral. En paralelo, el IPVU denunció una convocatoria difundida por redes sociales bajo la consigna "todos por un terreno", donde se pedían agua, comida y otros elementos para sostener la permanencia.

Los ocupantes responden

Las personas que siguen en el predio cuestionaron la presencia policial y la interrupción de la provisión de alimentos, leña y otros elementos. También rechazaron la versión que los señalaba como extranjeros y afirmaron: "Somos vecinos del barrio, hace años estamos en Neuquén".

El grupo está integrado por familias, parejas y personas solas, algunas de las cuales explicaron que llevaron sus pertenencias ante la imposibilidad de afrontar un alquiler. Para inscribirse en el Ruprovi, el Gobierno exige una residencia mínima de cinco años en la provincia, un requisito que muchos de los ocupantes aseguran cumplir.