El reclamo de los jueces de Garantías que incomoda al STJ de Corrientes
Los jueces de Garantías y de Ejecución Penal de Corrientes volvieron a reclamar ante el STJ que se los equipare con los magistrados de Juicio y de Revisión. El pedido lleva meses de presentaciones formales y ahora un juez salió a explicar por qué la diferencia les pega de lleno en el trabajo diario.
El juez de Garantías de Curuzú Cuatiá, Martín José Vega, volvió a poner sobre la mesa una discusión que el Poder Judicial de Corrientes mantiene abierta desde hace meses: la equiparación salarial y presupuestaria entre los magistrados que intervienen en la etapa de garantías y de ejecución penal y los de revisión y tribunales orales.
Lo hizo en diálogo con el programa La Otra Campana, que se emite por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, donde sostuvo que esa nivelación constituye un reconocimiento necesario de las funciones que los jueces cumplen bajo el sistema acusatorio.
El planteo, según explicó, no se reduce a una cuestión de bolsillo. También apunta a que se reconozca institucionalmente el rol que estos magistrados ocupan en el funcionamiento cotidiano de la administración de justicia.
El pedido que ya tiene antecedentes
El reclamo no es nuevo. Los pedidos formales de equiparación salarial y presupuestaria se remontan a mayo de 2025 y febrero de 2026. Pero la presentación colectiva más reciente de los jueces de Garantías y de Ejecución Penal de Corrientes se concretó el 23 de octubre ante el Superior Tribunal de Justicia.
Esa presentación fue dirigida al entonces presidente saliente del STJ, Guillermo Semhan, y pidió equiparar las categorías y las remuneraciones con las de los magistrados de Juicio y de Revisión.
Vega insistió en que la equiparación resulta necesaria para reconocer la complejidad de las responsabilidades asumidas y las nuevas atribuciones que trajo aparejadas la implementación del sistema acusatorio.
Igual tarea, igual remuneración
El fundamento central del reclamo se apoya en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de igual remuneración por igual tarea. Para el magistrado, las responsabilidades de los jueces de garantías tienen una complejidad comparable con las de los jueces de revisión y de tribunales orales.
En esa línea, señaló que la cantidad de actuaciones, la naturaleza de las decisiones y las exigencias propias del nuevo procedimiento penal justifican revisar las diferencias que hoy existen en la estructura salarial y presupuestaria del Poder Judicial provincial.
Al explicar el alcance de la presentación, Vega fue tajante: «no se trata meramente de un reclamo salarial o porcentual», sino de una cuestión vinculada con el reconocimiento de las nuevas responsabilidades y con «la dignidad de la función».
Más trabajo y más exigencias
El juez remarcó que la modernización procesal impuso una mayor exigencia de trabajo para los magistrados que intervienen en la etapa de garantías. Las modificaciones, explicó, no se limitaron a cambiar la ubicación institucional de cada actor: incorporaron nuevas responsabilidades y modalidades de resolución de los conflictos.
Por eso consideró que la reorganización de las tareas debe tener un correlato en la estructura judicial, tanto en los recursos disponibles como en el reconocimiento de las funciones que cada magistrado desarrolla.
Vega también subrayó que la prestación del servicio de justicia es una función esencial del Estado y que requiere los medios necesarios para responder a los conflictos de la ciudadanía, garantizar la división de poderes y sostener la calidad institucional.
En ese marco, expresó su expectativa de obtener una respuesta favorable del Superior Tribunal de Justicia y afirmó que los jueces mantienen su compromiso de mejorar diariamente el servicio de justicia para la sociedad correntina.
