El reclamo por el agua en La Plata: una promesa de participación que quedó en el papel

Los vecinos de La Plata enfrentan cada vez más obstáculos para reclamar por los problemas con el servicio de agua. La disolución del OCABA y la falta de organismos de control cercanos dejaron a los usuarios con escasas vías para hacer oír sus quejas, mientras que la participación ciudadana prometida por ley nunca se concretó.

ABSA, la empresa que presta el servicio, es mayoritariamente estatal: el Estado bonaerense controla el 90% de las acciones, y el 10% restante pertenece a trabajadores de la antigua concesionaria. Así, la Provincia actúa como prestadora y, a la vez, como ente de control a través de la Autoridad del Agua (ADA).

En Gonnet y Villa Castells, los vecinos habían encontrado una vía cercana para reclamar por la calidad del agua: la Justicia de Faltas de La Plata ordenó a ABSA entregar bidones de agua potable y suspender el cobro del servicio a los afectados. Sin embargo, la Suprema Corte bonaerense determinó que la Justicia local no tiene competencia sobre un servicio público de jurisdicción provincial, dejando a los usuarios sin esa alternativa.

¿Cómo se llegó a este esquema de control?

El sistema actual es el resultado de una serie de cambios que comenzaron con la privatización del servicio. El primer organismo regulador fue el ORBAS, creado por la Ley 11.820, que luego pasó a llamarse ORAB mediante el Decreto 743/99.

En esa etapa, la participación de los usuarios estaba formalmente contemplada: uno de los miembros del directorio debía ser designado a propuesta de la asociación de consumidores y usuarios más representativa del sector.

Tras la rescisión del contrato con Azurix, la empresa multinacional que tenía la concesión, el servicio fue estatizado y nació ABSA. El nuevo marco regulatorio, aprobado por el Decreto 878/03 y convalidado por la Ley 13.154, transformó el ORAB en OCABA, manteniendo la representación de los usuarios en el directorio.

Pero esa representación desapareció cuando la Ley 14.989 disolvió el OCABA y transfirió sus funciones a la ADA. Desde entonces, el control del agua potable y los desagües cloacales quedó concentrado en ese organismo provincial, que tiene a su cargo la reglamentación, supervisión y vigilancia de todo lo relacionado con el recurso hídrico.

La ADA también define la política hídrica provincial, establece prioridades de uso, fija cánones y contribuciones, determina dotaciones de agua y puede disponer restricciones o suspensiones del suministro en situaciones específicas. Además, coordina con otros organismos la protección y preservación de las cuencas.

Una sindicatura que nunca llegó a funcionar

En un intento por recuperar la participación ciudadana, la Ley 14.745 incorporó el artículo 50 bis al marco regulatorio, creando la Sindicatura de Usuarios dentro del organismo de control, con la misión de representar los intereses de los usuarios del servicio de agua potable.

La norma establecía que debía estar integrada por asociaciones de usuarios y consumidores legalmente constituidas, y que contaría con un presupuesto de hasta el 5% del total asignado al organismo de control. Los representantes, además, desempeñarían sus funciones ad honorem.

La ley fue promulgada en agosto de 2015, pero más de diez años después, esa estructura nunca se formalizó. Según el material analizado, en noviembre de ese mismo año, el entonces OCABA había encomendado a dos abogados las gestiones para ponerla en marcha, constituirla, organizarla y reglamentarla.

Sin embargo, con la posterior disolución del OCABA y el traspaso de sus funciones a la ADA, ese mecanismo de participación tampoco se consolidó. Los usuarios de La Plata siguen esperando un canal efectivo para hacer valer sus derechos frente a los problemas con el servicio de agua.