El reclamo que no se calla: la UNL pide que se cumpla la cautelar y el Gobierno mira para otro lado

Mientras los gremios docentes universitarios ratificaron un paro nacional que comenzará el lunes 18 de agosto, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, alzó la voz y exigió al Gobierno nacional que cumpla la medida cautelar y complete los fondos que establece la Ley de Financiamiento Universitario. El sistema universitario va a la audiencia de conciliación con un fallo firme de la Corte Suprema bajo el brazo.

La postura fue consensuada en una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde las autoridades de todas las universidades públicas definieron sostener un planteo unificado ante la instancia de diálogo convocada para el próximo 21 de agosto.

¿Qué piden las universidades?

El núcleo del reclamo está en los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, que contemplan los recursos para el funcionamiento de las casas de altos estudios y las políticas destinadas a los estudiantes, como las becas.

“Nosotros, desde el Sistema Interuniversitario Nacional, tuvimos una reunión de comité ejecutivo el miércoles de la semana pasada y, entre los temas, acordamos todos los que formamos parte del comité ejecutivo solicitar que se cumpla la cautelar”, señaló Tarabella, quien remarcó que la decisión judicial está firme y que será el principal argumento que llevarán a la conciliación.

“La cautelar está firme con el último fallo de la Corte Suprema y esa es la posición del sistema”, afirmó.

Qué fondos ya llegaron y cuáles faltan

La rectora detalló el estado de los recursos transferidos tras el acta acuerdo firmada en junio. Según explicó, se giraron los fondos correspondientes al incremento salarial del 21,3% para docentes y no docentes, tal como estaba pautado.

“En virtud de ese acta acuerdo que se firmó en junio, antes de que finalizara el primer semestre, se giraron los aportes correspondientes de incrementos salariales tanto para docentes como para no docentes, el 21,3%, tal como estaba pautado”, explicó.

También se transfirieron los recursos de las Becas Manuel Belgrano, que forman parte de las disposiciones del artículo 6° de la ley, vinculadas con las trayectorias estudiantiles. “Lo que corresponde a las Becas Manuel Belgrano, que era uno de los tipos de becas que estaban comprendidas dentro de ese artículo 6, que refiere particularmente a los estudiantes y a las trayectorias de nuestros estudiantes, eso sí se giró”, indicó.

Sin embargo, hay un punto que sigue pendiente: el aumento del 20% en los gastos de funcionamiento. “No se giró la otra cuestión que refiere al incremento de los gastos de funcionamiento. Sí se giró los gastos de funcionamiento que estaban establecidos, pero no ese aumento del 20%”, precisó Tarabella.

Esta diferencia es uno de los ejes del reclamo que el sistema universitario llevará a la audiencia de conciliación. Las autoridades sostienen que el acta de junio se firmó antes del último pronunciamiento judicial, por lo que ahora corresponde adecuar su aplicación a lo establecido por la cautelar.

La situación de los hospitales universitarios

Consultada por los fondos destinados a los hospitales universitarios, la rectora aclaró que la UNL no cuenta con establecimientos hospitalarios propios y que la situación no es uniforme entre las distintas universidades nacionales.

“Con relación a los hospitales públicos, nosotros no tenemos hospitales. Está llegando en algunas universidades, universidades lo han recibido, en otras no”, explicó, en el marco de una discusión más amplia sobre la aplicación integral de los recursos previstos por la normativa.

Un escenario tenso para el segundo cuatrimestre

Con el paro docente confirmado desde el 18 de agosto y la audiencia de conciliación prevista para el 21, el financiamiento universitario vuelve a ocupar el centro de la agenda. Tarabella sostuvo que la prioridad será mantener una posición conjunta y reclamar que las decisiones judiciales firmes se cumplan efectivamente.

El conflicto combina dos dimensiones: la salarial y la de recursos para el funcionamiento. El sistema universitario espera que la próxima audiencia sea una instancia clave para avanzar en la aplicación efectiva de la ley y en el cumplimiento de la cautelar que, según remarcan, ya está firme.