El reclamo que une a Jacobacci y Sierra Grande por las millonarias inversiones

Tras la polémica por la paralización de Calcatreu en Jacobacci, las cámaras empresarias de Sierra Grande alzaron la voz y exigieron al Gobierno provincial datos concretos sobre las contrataciones en los grandes proyectos energéticos y de infraestructura. El objetivo: saber cuánto de ese dinero realmente queda en manos de empresas rionegrinas.

El pedido no es menor. Buscan que se informe periódicamente el porcentaje de compras, servicios y obras que se adjudican a firmas de la provincia y qué parte de esa actividad se queda en las localidades involucradas. Detrás de la solicitud hay un reclamo más amplio: que las inversiones millonarias tengan un impacto real y tangible en las comunidades.

¿Quiénes impulsan el reclamo?

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Sierra Grande y la Cámara de Empresarios y Emprendedores de Sierra Grande (CEESIG) salieron a respaldar a sus pares de Ingeniero Jacobacci. El conflicto se originó por el freno al proyecto minero Calcatreu, pero también alcanza a otras iniciativas como VMOS (petróleo) y SESA (gas).

Los empresarios son contundentes: no alcanza con que lleguen las inversiones si los trabajadores y proveedores rionegrinos quedan afuera. Por eso, el foco está puesto especialmente en los proyectos que hoy se desarrollan sobre la costa rionegrina.

La ley que no se cumple

Desde las cámaras recuerdan que Río Negro tiene las Leyes Provinciales Nº 5.804 y Nº 5.805, que establecen la incorporación de mano de obra local y el régimen de proveedores. Pero advierten que esas normas deben traducirse en hechos, no en simples trámites administrativos.

El reclamo también apunta a las empresas que lideran los proyectos, no solo a los contratistas directos. Las entidades sostienen que son las compañías comitentes las que definen las cadenas de contratación, las compras y la incorporación de proveedores. Por eso, piden que las exigencias legales se extiendan a toda la cadena contractual: que las principales establezcan condiciones, controlen su cumplimiento y obliguen a contratistas y subcontratistas.

Además de la información sobre compras y servicios, las cámaras quieren saber cuáles serán las próximas necesidades de contratación y qué mecanismos existen para que las empresas rionegrinas puedan presentarse y cotizar. Así se podría medir de forma objetiva si las políticas de participación local se cumplen o quedan en promesas.

El argumento de fondo es simple: las firmas locales son las que sostienen la actividad económica cuando terminan las grandes obras. Generan empleo permanente, pagan impuestos y capacitan trabajadores en las comunidades. Por eso, exigen ser parte desde el inicio y no quedar afuera de un negocio que también les pertenece.