El reloj corre contra la causa de Tafí del Valle: la investigación podría quedar en la nada

La investigación por la agresión a un joven en Tafí del Valle está contra las cuerdas: si no se pide una prórroga, la causa podría archivarse por vencimiento de plazos. La advertencia fue unánime entre defensores y querella, mientras el caso sigue generando polémica en Tucumán.

El 29 de enero, la madre de Patricio Ledezma denunció que su hijo fue atacado por una patota al salir del boliche La Cascada. Los señalados fueron un grupo de jóvenes de Concepción, y el hecho escaló rápidamente por su similitud con el caso de Fernando Báez Sosa, ocurrido en 2020.

La causa se abrió formalmente el 4 de febrero. Por el ataque fueron detenidos Santiago Bagne y Máximo Carreras. El auxiliar Hugo Campos, siguiendo instrucciones de la fiscala Mónica García de Targa, los imputó por lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores. Además, pidió prisión preventiva por 30 días y ambos fueron trasladados al penal de Benjamín Paz.

La liberación que desató la controversia

La decisión del juez Javier Núñez Campero de dictar la prisión preventiva generó un fuerte rechazo en Concepción, donde hubo marchas para exigir la liberación de los jóvenes. Los manifestantes hablaron de una causa política, ya que hasta el gobernador Osvaldo Jaldo había pedido que se investigara el caso y que cayera todo el peso de la ley sobre los responsables.

Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, defensores de Bagne, lograron que un juez de Impugnación revirtiera la medida. Si bien confirmó la acusación, ordenó que el imputado siguiera el proceso en libertad. Días después, Ángel Fara y Daniel Medina, representantes de Carreras, obtuvieron el mismo resultado. En ambos casos, los magistrados instaron al Ministerio Público a acelerar la investigación.

Una batalla legal que suma nombres

La querella, encabezada por José María Molina, solicitó nuevas medidas y pidió que se imputara también a Belisario Iturbe, Mariano Costa Rojano, Juan Sebastián Molina y Santiago Fernández, a quienes señaló como partícipes del ataque. Estos cuatro jóvenes son hijos de empresarios reconocidos del sur provincial y, según trascendió, al menos uno tendría vínculos con funcionarios judiciales. De esa lista, solo Iturbe fue notificado oficialmente de la investigación.

Por el lado de la defensa, Santamarina, Ascárate y Paula Morales Soria, quien representa a los otros señalados, no solo negaron la existencia del caso, sino que también presentaron una denuncia contra Ledezma. Sostienen que el denunciante habría acosado a la hermana de uno de los investigados, lo que habría provocado una pelea dentro del boliche.

El fiscal Gerardo Salas tomó testimonios, analizó las imágenes del hecho y evaluó las pruebas presentadas por todas las partes.

El pedido que podría cambiar el rumbo

El proceso salió de la quietud cuando Santamarina y Ascárate pidieron una audiencia para solicitar el sobreseimiento de Bagne. El debate se realizó el jueves y el planteo contó con el apoyo del Ministerio Público, pero fue rechazado por la querella. Finalmente, el juez Núñez Campero desestimó el pedido, lo que abrió un nuevo capítulo procesal.