El reparto en Catamarca tendrá un registro propio: quiénes quedarán alcanzados

El auge de las compras por internet y las entregas puerta a puerta transformó la forma de trabajar de cientos de catamarqueños. Pero también dejó al descubierto un vacío: no existen reglas específicas para la cadetería, la mensajería y el reparto en la provincia. Frente a ese panorama, el diputado Gustavo Pérez Díaz presentó un proyecto de ley para ordenar una actividad que crece al ritmo de las ventas online.

La iniciativa apunta a crear el Registro Provincial de Prestadores de Servicios de Cadetería y Mensajería, que se identificaría con la sigla REPROCASEM. La herramienta permitiría saber quiénes realizan estas tareas de manera habitual y, de ese modo, facilitar la fiscalización del sector. El objetivo declarado es doble: dar mayor seguridad a los propios prestadores y también a quienes los contratan.

Un abanico de modalidades

En los fundamentos del proyecto, el legislador remarca que la norma debe contemplar las distintas formas en que se presta el servicio. La lista va desde los repartos en bicicleta o motocicleta hasta los traslados en automóvil. Por eso plantea que las exigencias sean razonables y proporcionales, sin cargar con requisitos innecesarios a un rubro que significa el sustento de numerosas familias catamarqueñas.

El texto también fija condiciones mínimas para los vehículos y los elementos que se utilizan en la actividad. A eso suma responsabilidades concretas sobre la recepción, la conservación y la entrega de los bienes transportados. Cuando se trate de alimentos, medicamentos u otros productos que demanden cuidados especiales, se deberán respetar las normas específicas que ya rigen para cada caso.

Qué dice sobre el vínculo laboral

Uno de los puntos centrales del proyecto es su alcance. La iniciativa aclara que no define si los prestadores son trabajadores independientes o dependientes, y tampoco modifica la legislación laboral nacional ni los convenios colectivos. La naturaleza de cada vínculo quedará sujeta a las normas aplicables y a las circunstancias particulares de cada situación.

Como autoridad de aplicación se propone a la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte. La implementación se apoyaría en esa estructura ya existente y contemplaría la coordinación con los municipios, respetando las atribuciones que tienen en materia de tránsito, habilitación comercial y seguridad vial.

Con la expansión del reparto como telón de fondo, el planteo busca reglas claras, prestadores identificados y mayor previsibilidad en cada entrega.