El río Arenales llegó a la Corte, pero la pelota ahora está en otro lado

La Corte de Justicia de Salta le dio un golpe a la estrategia judicial de Aguas del Norte: rechazó la apelación de la empresa en la causa por el saneamiento del río Arenales. Lejos de escalar el conflicto, la compañía confirmó que acatará el fallo y seguirá sentada en la mesa de trabajo que ordenó la jueza. La novedad no es solo jurídica: la empresa aprovechó para explicar por qué la obra clave del plan, la ampliación de la planta depuradora Sur, está frenada y solo tiene un 40% de avance.

El encargado de bajar el tono fue Marcelo Cerdeyro, gerente jurídico y de Recursos Humanos de Aguas del Norte. En diálogo con El Tribuno, fue tajante: "Vamos a acatar ese fallo. Si bien podríamos evaluar ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no lo vamos a hacer". La empresa deja así cerrada la puerta a una pelea en instancia nacional.

Qué discutía la apelación

Cerdeyro aclaró que la apelación nunca puso en discusión el fondo del problema ambiental. El planteo era otro: la empresa consideraba que había sido metida en la etapa de ejecución del amparo por pedido del Ministerio Público, y no por los vecinos que iniciaron la demanda original. "La cuestión que fue objeto de nuestra apelación ante la Corte fue la citación por parte del Ministerio Público, ya que no habíamos sido incluidos en la demanda de ejecución por parte de los demandantes", detalló.

La Corte, sin embargo, ya resolvió que Aguas del Norte fue incluida expresamente entre las condenadas en la sentencia original y que la cuenca debe tratarse como una unidad ambiental indivisible. Con ese argumento, el tribunal confirmó que los planes integrales siguen incumplidos.

La obra que depende de Nación

El nudo del conflicto es la ampliación de la planta depuradora Sur. Según la empresa, el proyecto no depende exclusivamente de Aguas del Norte: la obra fue licitada a través de la Provincia, contó con gestiones del gobernador Gustavo Sáenz y los fondos deben llegar desde Nación. "Por la envergadura que implicaba la obra de una nueva planta depuradora, eso no está contemplado en los costos tarifarios de la empresa", explicó Cerdeyro, y agregó que la tarifa solo alcanza para operar, mantener el servicio y hacer expansiones menores.

El gerente jurídico remarcó que los trabajos sufrieron paralizaciones por la interrupción de los desembolsos nacionales. "Esos fondos vienen desde Nación directamente y ahora se volvió a incluir en el presupuesto del año que viene, del 2027", afirmó. La expectativa de la compañía es que, si se normalizan los envíos, la obra pueda retomarse hasta su finalización. Mientras tanto, el avance estimado ronda el 40%.

Un proceso con varias responsabilidades

Cerdeyro diferenció las obligaciones de cada parte involucrada. "Hay responsabilidades que se le achacan a Aguas del Norte, otras a la Provincia y otras a los municipios respecto al mantenimiento de la cuenca y a los límites", sostuvo. En el caso de la empresa, el planteo se centra en las obras necesarias para tratar el líquido cloacal que llega a la planta y en las medidas para mitigar la situación mientras se completa la ampliación.

También intentó desligar a la compañía del impacto de las inundaciones. "La empresa en sí no afectó a la gente de la zona", afirmó, al diferenciar el efecto de las crecidas del río de las responsabilidades vinculadas al tratamiento de los efluentes.

El fallo de la Corte no solo rechazó la apelación: también advirtió que las acciones informadas hasta ahora fueron parciales y que no se acreditaron diagnósticos integrales, indicadores de gestión, presupuestos asignados ni cronogramas con metas verificables. El tribunal mantuvo la posibilidad de ejecutar las medidas a través de terceros y con cargo a las demandadas si el incumplimiento persiste, y le impuso las costas judiciales a Aguas del Norte por resultar vencida.

En el marco de la causa también se planteó la necesidad de agilizar el tratamiento de los líquidos cloacales. Pedro Arancibia señaló que la empresa sostiene que entre el 60% y el 70% de los vertidos reciben tratamiento, mientras que el resto se deriva mediante un bypass hacia la zona del río. El reclamo es que se analicen medidas alternativas para reducir la contaminación mientras se espera el final de las obras.

"El objetivo es cumplir con los planes en la mesa de trabajo, con la Provincia y el municipio, con el juzgado donde también están los actores, e ir cumpliendo con todas las etapas de este proceso que pidió la jueza", cerró Cerdeyro.