El río Atuel con el caudal que fijó la Corte: las imágenes que muestran lo que Mendoza aún no cumple
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El río Atuel con el caudal que fijó la Corte: las imágenes que muestran lo que Mendoza aún no cumple

La Corte le puso un número al Atuel y una profesora mostró cómo se ve ese caudal en el límite con Mendoza. El fallo que debía reparar el oeste pampeano sigue sin cumplirse, y ahora el tribunal volvió a mover el expediente: qué respondieron las provincias.

Una profesora de Geografía pampeana difundió fotos y videos del cauce del Atuel con los 3,2 metros cúbicos por segundo que ordenó la Corte Suprema en 2020, un fallo que la provincia cuyana todavía no acata. El posteo revive un reclamo que lleva casi ocho décadas y que ahora volvió a moverse en el máximo tribunal.

Beatriz Dillon, docente e investigadora del oeste pampeano, publicó en sus redes un registro visual del río en el límite con Mendoza y lo acompañó con una reflexión sobre lo que ese caudal significa para toda la cuenca.

"Estos son los 3,2 metros cúbicos por segundo que dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el Río Atuel en el límite de La Pampa con Mendoza", escribió. Y sumó: "Imaginen este caudal mínimo, interino, permanente y de calidad junto con el Salado-Cadileuvu".

Para Dillon, la suma de ambos cursos de agua podría cambiar el panorama de la región: "Con unos años corriendo juntos, ambos, activarían la cuenca entera". La docente no separa las dos causas y lo dejó claro: "El reclamo no es solo por el Atuel, es también por el Salado".

Su diagnóstico fue duro con quienes administran el agua: "La desidia y el acaparamiento hacen que todo nuestro oeste siga sufriendo el daño hídrico ambiental más grande de América".

Qué pidió la Corte a las provincias

A comienzos de este mes, el máximo tribunal reactivó el expediente en el que La Pampa exige la restitución del río y les dio a las partes un plazo de 20 días para que informen si lograron algún entendimiento parcial en el marco de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (Ciai).

En concreto, la Corte le reclamó a Mendoza que detalle si cumplió el fallo que la obliga a liberar agua de manera continua hacia territorio pampeano. También pidió que ambas jurisdicciones describan las tareas que llevaron adelante desde la sentencia de 2020, con la idea de destrabar el acatamiento de lo ordenado.

Ocho décadas de un río que se cortó

El conflicto tiene un punto de partida preciso. En 1947 se inauguró el primer dique El Nihuil, en Mendoza, y el llenado de la represa interrumpió el último brazo del Atuel que todavía alcanzaba suelo pampeano.

Ese mismo año, en agosto, el encargado del destacamento policial de Paso de los Algarrobos, Ángel Garay, le envió un telegrama al presidente Juan Domingo Perón. En el mensaje denunciaba la falta de agua, la mortandad de animales y las penurias de los pobladores del oeste.

Como respuesta, en 1949 se dictó la Resolución 50/49, que fijó tres sueltas anuales de siete días cada una para abastecer a las poblaciones y al ganado, regar praderas naturales y alimentar represas y lagunas. La medida no alcanzó para recuperar un escurrimiento regular.

El impacto fue profundo. La Pampa calcula que el corte provocó la desertificación de 1,5 millones de hectáreas y el éxodo de centenares de habitantes del oeste provincial.

El largo camino judicial

El tema llegó a la Corte Suprema en 1979. En diciembre de 1987, el tribunal declaró que el Atuel es un río interprovincial y exhortó a las provincias a acordar un uso razonable y equitativo, aunque rechazó la acción posesoria pampeana y sostuvo los usos consuntivos que Mendoza tenía por entonces.

En 2014, La Pampa volvió a la carga con una demanda por daño ambiental colectivo. El 1 de diciembre de 2017, la Corte desestimó el planteo de cosa juzgada de Mendoza y ordenó a las provincias y al Estado nacional definir un caudal apto para recomponer el ecosistema y armar un programa de obras.

El 16 de julio de 2020 llegó la meta interina: 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre ambas provincias, más la definición de las obras necesarias y un sistema de monitoreo ambiental.

Ahora, más de seis años después, el expediente se reactivó con el mismo pedido de siempre: que las jurisdicciones informen qué acuerdos alcanzaron y qué hicieron para cumplir la sentencia. El reclamo que empezó con los pobladores del oeste hace casi 80 años sigue esperando una solución definitiva.

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