El río Atuel llegó a la CIDH y Mendoza mueve sus fichas en el tablero

El abogado santarroseño Omar Gebruers sostiene que el decreto de Javier Milei por las regalías de Los Nihuiles no es casual: llega justo cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emplazó al Gobierno argentino por el incumplimiento del fallo que obliga a Mendoza a dejar correr el río Atuel.

Gebruers patrocina a dos crianceras del oeste pampeano cuyas tierras sufren desde hace décadas el corte del Atuel. En los últimos años, el perjuicio se profundizó por el incumplimiento de Mendoza y del Estado nacional del fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2020. Esa sentencia obliga a la provincia de aguas arriba a liberar un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo para que el río vuelva a ingresar a territorio pampeano.

En diálogo con LA ARENA, el abogado afirmó que la polémica reavivada por el Decreto presidencial sobre las regalías del complejo Los Nihuiles está directamente vinculada al avance del caso pampeano en la CIDH. “A raíz de nuestra presentación, la CIDH decidió emplazar al gobierno argentino para que responda y diera explicaciones sobre el incumplimiento del caudal que estableció la Corte. Le dieron inicialmente tres meses y luego una pequeña prórroga de un mes más que está en curso. Les dijeron que si no respondían iban a tomar medidas. Así que en este momento el gobierno nacional debería estar juntando información para explicar por qué no se está cumpliendo el fallo”, explicó.

Doble vía y un documento clave

Según la información que maneja Gebruers, su presentación fue realizada en mayo de 2024 y la del Estado provincial en agosto de ese mismo año. Ambas tuvieron un avance similar, por lo que el emplazamiento a la Cancillería argentina llega por partida doble. “Sabemos que este gobierno no le da mucha importancia a los organismos internacionales, pero lo que sí hay en nuestra presentación es un documento que se emitió en una oficina interna de la Cancillería, que representa al Estado argentino ante los organismos internacionales, donde dice que no cumplir con el fallo del Atuel compromete internacionalmente a la República Argentina, que es lo que sostenemos nosotros”, abundó.

El letrado fue más allá y apuntó contra la estrategia oficial: “Lo que sabemos es que en la Cancillería no saben qué posición tomar, por eso creo que esto de las regalías es una contraofensiva, con la que buscan embarrar la cancha para no hablar de la escorrentía obligatoria”.

Reunión de trabajo

Por ese motivo, Gebruers reveló que realizó un pedido a la CIDH para que convoque a una reunión de trabajo, una instancia prevista en los reglamentos del organismo. En el encuentro deberían participar representantes de la CIDH, de los gobiernos de La Pampa y Mendoza, de la Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, además de los propios peticionantes. “Esto para ver si se puede encarrilar más seriamente el tratamiento de todo esto y ver si se puede avanzar”, afirmó.

En su reclamo ante la CIDH, Gebruers representa a Alejandra Domínguez y Elsa Monzón, dos crianceras caprineras que son víctimas damnificadas por la falta de escurrimiento del río. Ambas residen en el oeste pampeano, son ribereñas del cauce seco y se dedican a la cría de chivas.