El río Atuel y un reclamo que vuelve: La Pampa busca ser parte en el manejo de sus aguas

Un nuevo capítulo se abre en la histórica disputa por el río Atuel. Un documento elaborado por el consultor Juan Carlos Scovenna, en el marco de la Fundación Chadileuvú (FuChad), propone que La Pampa dé un paso al frente y reclame formalmente su derecho a participar en la gestión de las aguas del río interprovincial. El planteo, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se da en un momento clave: las concesiones de las represas hidroeléctricas están en proceso de renovación.

El informe, que ya está dando que hablar en los círculos políticos y judiciales, sostiene que la Provincia debería presentarse ante el Gobierno nacional y, eventualmente, ante el máximo tribunal, para que se hagan efectivos sus derechos. Como antecedentes, el documento recuerda los fallos de la Corte de 1987 y 2017, el acuerdo de transferencia de las represas de Los Nihuiles y diversas normas nacionales sobre gestión de recursos hídricos.

Un contexto de renovación de concesiones

El escenario no es casual. Las concesiones de las represas HINISA e HIDISA ya vencieron en sus plazos originales y fueron prorrogadas. Pero en marzo de 2025, el Estado nacional y la provincia de Mendoza acordaron avanzar en una licitación conjunta de ambas concesiones como una única unidad de negocio. Es decir, se viene una nueva etapa para el aprovechamiento hidroeléctrico del Atuel, y La Pampa no quiere quedar afuera.

Para Scovenna, la Provincia debe intervenir antes de que se definan las nuevas condiciones. El objetivo: que los futuros pliegos y contratos contemplen explícitamente la participación pampeana en el manejo de las aguas del río.

El antecedente de 1992 que pesa

El documento toma como punto de partida el acuerdo de 1992, cuando se transfirió a Mendoza la propiedad de las represas de Los Nihuiles. Ese convenio, según se recuerda, dejó claro que la transferencia no afectaría el derecho de La Pampa a compartir con Mendoza el manejo para el uso consuntivo de las aguas del Atuel, tal como lo estableció el fallo de la Corte Suprema de 1987.

Además, ambas provincias se comprometieron a establecer un sistema de control por parte de La Pampa sobre la actividad del complejo hidroeléctrico, tanto para garantizar la percepción de regalías como los derechos reconocidos en el conflicto por las aguas. Para Scovenna, este antecedente cobra especial relevancia ahora que se avecinan nuevas concesiones.

La gestión integral de la cuenca

Otro de los pilares del reclamo es el fallo de la Corte Suprema de 2017, que reforzó la idea de que el conflicto debe abordarse desde una perspectiva de gestión integral de la cuenca, y no solo desde los límites jurisdiccionales de las provincias. La Corte consideró que los conflictos ambientales no siempre coinciden con las divisiones políticas, y que la cuenca debe entenderse como una unidad donde los usos y efectos del agua están interrelacionados.

Desde esa óptica, el documento sostiene que la situación del Atuel no puede resolverse únicamente con decisiones tomadas en Mendoza o por el Estado nacional. La Pampa debería ser parte de una gestión integral del recurso. El fallo de 2017 también reconoció la relación entre la falta de escurrimiento del río, la afectación de derechos humanos y el proceso de desertificación en territorio pampeano, un punto que el documento no deja pasar.

Qué propone para las nuevas concesiones

El documento plantea que La Pampa debería solicitar formalmente que los futuros procesos de licitación incorporen una serie de condiciones. Entre ellas, que la Provincia tenga participación en el manejo de las aguas del Atuel y que sea parte del proceso de definición de las cláusulas que integrarán los contratos de concesión. También propone que el Estado nacional, Mendoza y los futuros concesionarios sean considerados responsables por eventuales daños ambientales derivados de un manejo que perjudique a La Pampa.

El reclamo se fundamentaría en los antecedentes judiciales de 1987 y 2017, y en las normas nacionales que regulan tanto el aprovechamiento hidroeléctrico como la gestión ambiental del agua.

Prioridad para el uso del agua

Uno de los puntos centrales del documento es la Ley Nacional 15.336, que regula la energía eléctrica y establece condiciones para las concesiones destinadas al aprovechamiento de fuentes hidroeléctricas de jurisdicción nacional. Scovenna destaca particularmente el orden de prioridades previsto para el uso del agua: bebida y usos domésticos de las poblaciones ribereñas, riego y, posteriormente, generación de energía.

El documento sostiene que ese criterio debería quedar expresamente incorporado en los futuros pliegos y contratos de concesión. También cita la Ley 25.688, que establece el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas y considera a las cuencas hídricas como unidades ambientales de gestión indivisibles. Además, recuerda que para las cuencas interjurisdiccionales, cuando una utilización pueda generar un impacto ambiental significativo sobre otra jurisdicción, intervienen los organismos de cuenca correspondientes.

Un reclamo ante Nación y la Corte

A partir de estos antecedentes, la propuesta plantea que La Pampa debería realizar una presentación ante los organismos nacionales correspondientes antes de que avance una nueva concesión de las represas. En paralelo, deja abierta la posibilidad de acudir nuevamente a la Corte Suprema para solicitar que se garantice la participación pampeana en el manejo del recurso hídrico.

El planteo, elaborado en julio de 2026, busca así reabrir una discusión que excede la generación hidroeléctrica y coloca en el centro el derecho de La Pampa a participar en las decisiones vinculadas con el uso y manejo de las aguas del río Atuel.