El río que no llega: la Fuchad exige que La Pampa entre en la pelea por Los Nihuiles

La Fundación Chadileuvú (Fuchad) salió a reclamar que La Pampa no puede quedar afuera de las decisiones sobre el río Atuel, especialmente en el manejo del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. El planteo, firmado en Santa Rosa por el consultor Juan Carlos Scovenna en julio de 2026, apunta directamente al Gobierno nacional y a la Corte Suprema.

¿Por qué La Pampa debería meterse en la licitación?

El documento recuerda que la Nación transfirió en 1992 la propiedad de Los Nihuiles a Mendoza, pero esa movida no se hizo sola: necesitó del visto bueno pampeano. Ese acuerdo, que surgió después del fallo de la Corte de 1987 que reconoció el carácter interprovincial del Atuel, dejó sentado que la transferencia no iba a tocar el derecho de La Pampa a compartir el manejo del agua para consumo. Además, contempló un sistema de control pampeano sobre la actividad del complejo.

Ahora, con las concesiones vencidas en 2024 y prorrogadas hasta julio de 2026, la Fuchad sostiene que ese antecedente cobra más fuerza que nunca. El Estado nacional y Mendoza ya acordaron en marzo de 2025 licitar juntos las concesiones de HIDISA e HINISA como una sola unidad de negocio, aunque el calendario de esa licitación todavía no se publicó.

¿Qué pide la Fuchad en concreto?

La organización propone que La Pampa se presente ante los organismos nacionales para exigir que los futuros pliegos y contratos incluyan explícitamente la participación de la provincia en el manejo de las aguas del Atuel. Y no descarta ir a la Corte Suprema para que el Estado nacional haga efectivo ese reclamo.

“Encontrándose vencidos los plazos de concesión y la decisión del Estado nacional de volver a licitar nuevamente el manejo de las represas hidroeléctricas y, de parte de la provincia de Mendoza, licitar el manejo de las aguas, por ser ello inevitable y necesario para que la jurisdicción que posee el Estado nacional se torne efectiva, se debería: a) Realizar la presentación ante los organismos estatales que correspondan, exponiendo la necesidad de insertar en los pliegos y contratos de concesión, la participación en el manejo de las aguas por parte de nuestra provincia. B) Analizar sobre la base de la posible nuevas privatizaciones ya explicitadas por el Estado nacional y la provincia de Mendoza, la posibilidad de acudir ante la CSJN, a efectos de que esta conmine al Estado nacional a efectivizar este reclamo pampeano”, indica el escrito de Scovenna.

Entre los puntos que la Fuchad quiere ver en el proceso licitatorio figura que La Pampa sea parte y acuerde las cláusulas de la nueva concesión, tanto durante la licitación como en el contrato final. También pide que se fijen responsabilidades por eventuales daños ambientales que pueda sufrir la provincia por el manejo de las aguas represadas.

El respaldo legal: leyes y fallos que juegan a favor

El documento invoca la Ley 15.336 de Energía Eléctrica, que establece condiciones para las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos de jurisdicción nacional. La Fuchad destaca que esa norma fija un orden de prioridad para el uso del agua: primero la bebida y usos domésticos de las poblaciones ribereñas, después el riego y recién al final la producción de energía.

También cita la Ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, que define las cuencas hídricas como unidades ambientales de gestión indivisibles y establece condiciones para el uso de aguas de cuencas interjurisdiccionales cuando hay un impacto ambiental significativo sobre otra jurisdicción.

La Fuchad se apoya además en el fallo de la Corte Suprema de 2017 sobre el río Atuel, que ordenó una gestión integral de la cuenca por encima de las divisiones territoriales entre provincias. La organización sostiene que la falta de escurrimiento del Atuel en territorio pampeano afecta derechos humanos y que la desertificación debe ser subsanada.

Un ecocidio que no se detiene

El 16 de julio de 2020, la Corte Suprema fijó que Mendoza debe garantizar un caudal inicial mínimo y permanente de 3,2 m³/s en el ingreso del río Atuel a La Pampa. Sin embargo, el ecocidio persiste: el máximo organismo judicial parece no hacer nada para obligar a la provincia cuyana a cumplir el fallo y el río, por largos periodos, sigue seco.

En Mendoza aumentan los reservorios, se destinan caudales superiores al mínimo fijado por la Corte para bodegas, se realiza sobrerriego para recargar napas y se deriva agua a parcelas sin uso agrícola. En contrapartida, en La Pampa el daño ambiental continúa agravándose: 1,5 millones de hectáreas del oeste provincial quedaron desertificadas, desaparecieron los humedales, se destruyó un ecosistema completo, aumentó la salinización de las napas y cientos de familias debieron abandonar la región por la falta de agua.

Ziliotto también presiona a la Corte

En los primeros días de agosto, en el contexto del Día de la Lucha por el Río Atuel, establecido por la Ley Provincial N.º 2867, el gobernador Sergio Ziliotto interpuso un nuevo pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento inmediato de las sentencias que ordenan garantizar un caudal mínimo permanente hacia territorio pampeano.

Uno de los aspectos centrales del nuevo planteo incorpora una reciente publicación periodística que refleja declaraciones de autoridades de Gestión Hídrica de Mendoza, quienes reconocen perspectivas favorables respecto de la disponibilidad de agua producto de las nevadas registradas este invierno. Para La Pampa, esas manifestaciones constituyen una nueva evidencia de que el incumplimiento del caudal ordenado por la Corte no responde a una escasez hídrica, sino a una decisión política de la provincia vecina.