El salario no alcanza y los judiciales de San Luis apuntan contra Poggi: denuncian intromisión en la Justicia

El gobernador Claudio Poggi quedó en el centro de la tormenta en San Luis después de impulsar una reforma en la Ley Orgánica de la Administración de Justicia. Desde el Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPUI) lo acusan de meterse en un poder que no le corresponde y de tapar un problema que ya no se puede ocultar: los sueldos no alcanzan ni para llegar a fin de mes.

La polémica estalló cuando el Ejecutivo provincial avanzó con una modificación que permite a los empleados judiciales trabajar en el sector privado fuera de su horario habitual. Para el gremio, esto no es más que una maniobra para evitar dar una respuesta real al reclamo salarial, mientras se profundiza la subordinación del Poder Judicial al Gobierno.

Intromisión de poderes

“Está entrometiéndose en un poder que no le corresponde, lo que está en juego es la intromisión de poderes”, dispararon voces cercanas a SIJUPUI en diálogo con El Destape. Y agregaron que la reforma se aprobó con el aval de una Legislatura que “firma todo lo que necesita”.

El artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia (Ley Nº IV-1200-2026) fue aprobado a mediados de junio. Esa norma habilita a los trabajadores judiciales a desempeñarse en el ámbito privado, algo que hasta ahora estaba vedado por un compromiso de exclusividad.

Los judiciales sentenciaron que “el poder judicial está totalmente subordinado” porque no hay autonomía económica, y explicaron que la modificación busca “blanquear una situación que no la pueden ocultar más, y es que el salario no alcanza”. El malestar se suma a un contexto ya caldeado por los bajos salarios de los empleados públicos.

La lucha por llegar a fin de mes

El sindicato denunció un alto grado de desmotivación por el deterioro salarial. Los ingresos actuales no cubren ni los gastos básicos de transporte, y hay empleados que asisten a sus puestos sin haberse alimentado. Por eso, muchos buscan trabajos vespertinos para completar el mes, lo que incrementa el descontento.

Al ingresar al Poder Judicial, tras aprobar los concursos y demostrar aptitud, los agentes firmaban un compromiso de exclusividad con disponibilidad total durante toda la semana. Desde el gremio remarcaron que esa exigencia genera incompatibilidades operativas: trabajar en el sector privado por la tarde impide responder a convocatorias de urgencia del juzgado, como la toma de audiencias.

El gobernador Claudio Poggi no emitió declaraciones oficiales sobre el tema, pero representantes del oficialismo defendieron la medida. Argumentaron que la estricta exclusividad era una exigencia excesivamente rígida e innecesaria para las categorías que no ejercen magistratura ni tienen la responsabilidad de dictar sentencias.

El reclamo de los trabajadores estatales

La disconformidad económica viene de larga data. Desde el inicio de la gestión provincial, la decisión de abonar los salarios del sector público de manera desdoblada en diciembre del 2023 generó desconfianza hacia la administración de Poggi. Además, durante el primer año no hubo recomposiciones indexadas al costo de vida, lo que provocó un atraso que el sindicato estima en un 60% y considera irrecuperable.

Con la desaceleración de la inflación, el Gobierno provincial propuso un ajuste salarial del 15% a liquidarse en tres tramos del 5%, comenzando en agosto. Pero los judiciales, junto a otros gremios estatales de salud y educación, consideraron la oferta insuficiente. Firmaron un petitorio conjunto para exigir respuestas de fondo y que ese porcentaje se abone completo en la próxima liquidación.