El Salvador: Ministro de Seguridad estalla contra ONGs y las manda “al carajo” por defender criminales
Un ministro estalla en plena conferencia y les dice “váyanse al carajo” a las ONGs. ¿Qué informe internacional detonó esta furia y qué se esconde detrás de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad en El Salvador?
El ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, explotó contra organizaciones de derechos humanos en medio de la polémica por el régimen de excepción. En una conferencia de prensa este martes, el funcionario acusó a las ONGs de “defender a criminales violentos” y les lanzó una contundente frase que rápidamente se viralizó. Sus declaraciones llegan tras un informe internacional que denuncia posibles crímenes de lesa humanidad en el país.
La explosiva reacción se produjo en la Asamblea Legislativa, donde se aprobó una reforma constitucional para permitir la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. “Quisiera decírselo como ciudadano, porque tengo que respetar el cargo que me enviste, simplemente les puedo decir: ¡Váyanse al carajo!”, expresó Villatoro dirigiéndose a las organizaciones no gubernamentales.
¿Qué dice el informe que desató la furia?
Un reciente informe elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES) concluyó que, en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022, se habrían cometido violaciones que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”. Este documento fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas.
Villatoro defendió con firmeza la política de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele. Recordó que el estado de excepción lleva casi cuatro años y aseguró que en este tiempo las autoridades enfrentaron “todos los embates y todos los ataques de todas estas organizaciones criminales que también defienden a criminales violentos”.
El ministro argumentó que el gobierno de Bukele “ha sido cuestionado sobre el uso legítimo de las herramientas de un Estado de derecho para poder brindarle paz y seguridad a los salvadoreños”. Bajo este régimen, más de 70.000 supuestos pandilleros fueron detenidos y condenados, transformando al país de uno de los más violentos a uno de los más seguros de la región.
La acusación directa del gobierno
Tras la presentación del dictamen de la reforma constitucional, Villatoro lanzó una acusación directa. Aseguró que se verá “a esas organizaciones defendiendo a criminales violentos, a violadores, a asesinos de hombres y mujeres, y a terroristas representantes de organizaciones criminales”.
“No es por no ser democráticos que nos atacan, nos atacan porque el resultado de la democracia es lo que no les gusta”, afirmó el ministro, cerrando filas en torno a la controvertida estrategia de seguridad.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele (Foto: REUTERS/Al Drago)
El presidente Nayib Bukele también criticó el informe del GIPES. A través de su cuenta en X, apuntó que los expertos “están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción”.
Sin embargo, el informe no llama a liberar a la totalidad de detenidos. Lo que propone es “establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas, asegurando que quienes recuperen su libertad no representen un riesgo para la seguridad”. La brecha entre la interpretación del gobierno y las recomendaciones del informe marca el tenso pulso por los derechos humanos en el país centroamericano.