¿Qué tienen que firmar las familias para que las alumnas del Santa Catalina vuelvan al aula? El colegio puso horarios, acompañantes y un compromiso por escrito, pero la notificación quedó a medio camino.
El Instituto Superior Santa Catalina de Posadas formalizó este martes la vuelta a las aulas de las estudiantes involucradas en el episodio de violencia del 6 de noviembre, aunque el regreso quedó atado a un anexo que deben firmar ellas y sus tutores. La medida se instrumentó a través de la Disposición Nº 023/26, rubricada el lunes 16, y reemplaza la suspensión preventiva de la presencialidad que estaba vigente desde el 9 de noviembre.
La autorización alcanza también a las adolescentes que denunciaron haber sido agredidas. Sin embargo, desde el establecimiento aclararon que el permiso no equivale a que todas hayan retomado las clases: las notificaciones a las familias quedaron incompletas y debieron convocarlas otra vez.
Ingreso a las 13.40 y un adulto al lado
El retorno es voluntario y solo se concreta si los responsables legales aceptan por escrito las condiciones impuestas por la institución. Entre ellas figura un horario diferenciado: la entrada es a las 13.40 y la salida a las 18.20, diez minutos corridos respecto del esquema habitual en ambos extremos de la jornada.
A eso se suma la obligación de que un adulto responsable acompañe a las alumnas tanto al ingresar como al retirarse del colegio. La misma exigencia rige para los desplazamientos inmediatos en los alrededores del establecimiento.
El anexo que deben suscribir las estudiantes y sus tutores incluye el compromiso de respetar las normas de convivencia y de evitar provocaciones, amenazas, agresiones y cualquier situación de hostigamiento, ya sea dentro del instituto o a través de redes sociales y servicios de mensajería. Los familiares, además, quedan obligados a supervisar el uso de los medios digitales y a participar de las instancias de orientación y acompañamiento que disponga el colegio.
La reunión a la que casi nadie fue
El propio instituto reconoció que no logró completar las notificaciones previstas para el lunes 16. Había convocado a las familias a las 16 horas para informarles formalmente las nuevas reglas, pero solo se presentó una tutora junto a su hija, mientras que otra estudiante llegó sin su responsable legal y su notificación no pudo cerrarse.
Ante ese escenario, las autoridades resolvieron lanzar una nueva convocatoria y comunicaron que las familias deberán notificarse de la disposición y del anexo de compromiso antes de que se concrete el reingreso. Las alumnas que no vuelvan a la presencialidad seguirán con las actividades pedagógicas por el aula virtual, para no cortar sus trayectorias escolares.
La advertencia que mira al ciclo 2027
Uno de los puntos centrales de la disposición es el artículo séptimo, que fija las consecuencias ante eventuales nuevos episodios. Cualquier hecho grave de violencia física o verbal, amenazas, hostigamiento o intimidación —presencial, por redes sociales o en grupos de WhatsApp— activará la intervención inmediata de las autoridades escolares.
De acuerdo con la gravedad y con los antecedentes, podrían evaluarse nuevas medidas institucionales, entre ellas la no matriculación para el ciclo lectivo 2027.
El documento también da cuenta de un conflicto previo entre las adolescentes que salió a la luz en las entrevistas individuales de los días 11 y 12 de noviembre. Ese roce se había desarrollado por redes sociales y WhatsApp y, según las autoridades, no había sido comunicado antes a la institución ni por las estudiantes ni por sus familias.
En paralelo, la causa judicial sigue abierta y caratulada como “AMENAZA”, con intervención del Juzgado de Instrucción Nº 6 y del Juzgado Correccional y de Menores Nº 1 de Posadas.
El colegio subrayó que la reincorporación no implica minimizar lo ocurrido ni definir responsabilidades sobre los hechos investigados. Y ratificó que las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), del Obispado de Posadas y de los organismos provinciales competentes.
“Todas las involucradas son víctimas”
Raúl Dalmau, apoderado legal del Instituto Santa Catalina, habló con la FM 89.3 Santa María de las Misiones y explicó el criterio con el que se aplicó la medida: “La suspensión fue de carácter preventivo y de resguardo; no es una medida de sanción anticipada. El Instituto solo tenía la información recabada después del 6 de noviembre”.
Según contó, hubo una instancia de escucha en la que se citó a las alumnas y a sus padres para conocer el contexto de lo sucedido. “Hubo una instancia de escucha, donde se citó a las alumnas y a sus padres para conocer todo lo que hay detrás de los hechos, para escuchar a las estudiantes”, señaló.
El apoderado insistió en que la institución no contaba con elementos previos que anticiparan el conflicto: “Nuestra preocupación, lisa y llanamente, fue que no vimos cuál fue la situación, porque miramos los legajos, las actuaciones institucionales y no hay actividad que pueda dar un marco de sospechas de una agresión. En la institución no había antecedentes, ni intervenciones del equipo de acompañamiento”, concluyó.