El Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II: los entrerrianos no votaron igual

El Senado sancionó este jueves la Ley de Inocencia Fiscal II, impulsada por el gobierno de Javier Milei, con 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones. Como el proyecto ya tenía media sanción de Diputados, quedó aprobado por el Congreso y ahora espera la promulgación y reglamentación del Poder Ejecutivo.

La iniciativa recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría de la Unión Cívica Radical y varios bloques provinciales. En contra se pronunció el bloque Justicialista junto a otros representantes opositores.

Cómo se dividió Entre Ríos

Los tres senadores entrerrianos no votaron en bloque. Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, ambos de La Libertad Avanza, acompañaron la iniciativa del oficialismo. En cambio, Adán Humberto Bahl, del bloque Justicialista, rechazó el proyecto con el resto de la bancada opositora.

Así, la representación de Entre Ríos aportó dos votos positivos y uno negativo a una votación que terminó con una diferencia de 21 adhesiones a favor del oficialismo.

Qué cambia con la nueva ley

La norma profundiza el régimen aprobado en diciembre de 2025 y modifica las condiciones para acceder al sistema simplificado del Impuesto a las Ganancias. La reforma eliminó los topes de ingresos y patrimonio que fijaba la normativa original: antes se exigían ingresos de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio de hasta 10.000 millones, y quedaban excluidos los grandes contribuyentes nacionales.

Ahora podrán incorporarse personas humanas y sucesiones indivisas con residencia fiscal en el país, sin importar la magnitud de sus bienes o recursos. Los grandes contribuyentes también podrán usar la modalidad para presentar y pagar el impuesto, aunque sin acceso a todas las presunciones y beneficios del sistema. Estos cambios constan en el dictamen tratado por la Cámara de Diputados (Orden del Día 209) antes de su envío al Senado.

Menos controles sobre las declaraciones

El sistema simplificado establece una presunción de exactitud sobre la declaración jurada del contribuyente. Ese mecanismo, conocido como “tapón fiscal”, limita la posibilidad de revisar ejercicios anteriores cuando se cumplen las condiciones previstas.

La ley también elevó las exigencias para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda impugnar lo declarado. Una diferencia no será considerada significativa si no supera un piso equivalente al 5% del monto previsto para el delito de evasión simple.

Para el Gobierno, el objetivo fue simplificar el cumplimiento tributario, brindar seguridad jurídica y favorecer el ingreso al sistema formal de los ahorros que permanecen fuera del circuito declarado. El oficialismo estimó que existen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero.

Las objeciones de la oposición

Desde el Justicialismo cuestionaron que la reforma disminuya la capacidad estatal para detectar inconsistencias, evasión tributaria y posibles maniobras de lavado de activos. El dictamen de rechazo señaló que la iniciativa no era solo una simplificación administrativa, sino que ampliaba los beneficios y dificultaba que ARCA desvirtuara la presunción de exactitud de las declaraciones.

Con la sanción del Senado, la norma deberá ser promulgada y reglamentada por el Poder Ejecutivo para definir los aspectos operativos de su aplicación.